El presidente de la comisión especial para analizar los esquemas de tercerización de servicios en el sector público de la Cámara de Diputados, Emilio Serrano, anunció que denunciará penalmente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Valls Hernández por prevaricación –delito que consiste en que una autoridad, juez o funcionario dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que ésta es injusta– ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Demandó que la PGR aplique la ley sin miedo, sin la presión del Ejecutivo y dé entrada a la denuncia penal.

El delito de los ministros se configuró, dijo Serrano, porque votaron en contra del dictamen del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, cuando sabían que tienen conflicto de intereses en el tema.

Es el caso de Franco González, que fue excusado de la investigación porque su hermana es jefa del área de programación y presupuesto de las guarderías del IMSS. Los miembros de la SCJN que votaron en contra del dictamen del ministro Arturo Zaldívar dieron a entender que en México todo pasa y no pasa nada.

El legislador perredista añadió que en el caso de la guardería tal parece que se hizo una componenda: prepararon muy bien el terreno, después del cabildeo del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que hizo con los ministros de la Corte; después del cabildeo que hizo Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, con los ministros de la Corte; después de que Eduardo Bours hizo ese cabildeo con los ministros de la Corte, resulta que prepararon muy bien la diferencia de votos: seis a cinco en contra del (proyecto de) dictamen (de Zaldívar) que a todas luces era aceptado, era reconocido y aplaudido por la sociedad mexicana.