La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el gobierno de México no ha respondido a la solicitud que le hizo el 4 de junio, para otorgar medidas cautelares en favor de Silvia Vázquez y Blanca Mesina, activistas que desarrollan labores de acompañamiento de familiares y víctimas de tortura bajo periodos de arraigo en instalaciones militares de Tijuana, Baja California.

Ambas han sido víctimas de hostigamiento y amenazas. Entre otras, han recibido llamadas telefónicas en las que las amenazan a ellas y sus familiares; personas a las que identifican como elementos de la policía municipal las han seguido y vigilado. Más recientemente, Blanca recibió amenazas de muerte. El individuo que la seguía le dijo: Es la última vez que te aviso que dejen de denunciar aquí en Tijuana, hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar. Si no te mato en este momento es para no provocar un escándalo por las elecciones y porque tu caso ya está a nivel internacional.

Ante esta situación, organizaciones civiles solicitaron la intervención de la CIDH, que a su vez solicitó al gobierno mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de Blanca Mesina y Silvia Vázquez, así como de sus familias; indagar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares y presentar la información de cumplimiento a la petición de la comisión, en un plazo no mayor a 20 días.

También solicitó a las organizaciones peticionarias información adicional sobre los elementos de gravedad, urgencia y necesidad a fin de evitar daños irreparables. Les recordó que en caso de considerar que existe violación a un derecho humano protegido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pueden presentar una petición individual.