ara hacer frente a la crisis mundial y poder defenderse de las trasnacionales, la economía de los países dependientes no puede prescindir del reforzamiento del papel del Estado. No sólo está en el orden del día defender los bienes públicos y recuperar el control sobre las palancas fundamentales para el desarrollo: el aparato estatal también debe remplazar a los capitales privados, a veces mediante empresas mixtas con éstos, en actividades de importancia estratégica para el desarrollo o de gran importancia social y en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías compatibles con la defensa del ambiente. En esa medida, durante todo un periodo, se necesita más y no menos intervención económica del Estado en la economía, como productor y como fijador de precios de sostén para los bienes de los pequeños productores rurales y como regulador de los precios al consumo de los de primera necesidad, para mantener el poder adquisitivo de la población, así como la salud pública y el nivel de vida en las ciudades, donde se ubica la mayoría de los habitantes. Como en Bolivia, como en Venezuela, como en Ecuador o Argentina, es inevitable, pues, pasar por una fase de industrialismo, en parte incluso de producción nacional costosa de productos que hoy se importan y, en algunos países donde el grueso de la intervención del capital nacional está en manos del Estado, no se puede evitar que la transición pase por una fase de capitalismo de Estado (o sea de un Estado aún capitalista pero sin o contra los capitalistas, trasnacionales o nacionales).
La oposición al grueso del capital –nacional y extranjero– de los gobiernos llamados progresistas
que encaran esta política no lleva, sin embargo, automáticamente ni a la eliminación de la explotación de la naturaleza ni a la de los asalariados. Cuando mucho, y en el mejor de los casos, se comienza a abrir camino a una transición a un sistema más democrático y justo y a una relación sensata, no extractiva y depredadora, de los recursos. En el peor, el desarrollismo puede llevar en cambio a un aumento de la minería a cielo abierto, sobre todo de las minas de oro, dados los precios de la onza de ese metal, como sucede en casi toda América Latina, o a una extracción brutal de combustibles no renovables, sin consideración ambiental alguna, como se está viendo con el aumento de la producción de carbón, que es más barato y abundante que el gas o el petróleo.
Eso lleva a rupturas en el bloque popular y a realineamientos en el mismo. Por ejemplo, la protesta indígena en Ecuador por la ley de aguas o por la defensa de los bosques crea una oposición ambientalista y democrática al gobierno que, en ciertas condiciones, podría incluso ser utilizada por el imperialismo y la derecha ecuatoriana en contra de aquél.
Se plantea además quién y hasta dónde controla los recursos: ¿la población local, en el caso de las autonomías indígenas, como lo hacen los inuit en Canadá, o el Estado central, que debe utilizarlos para su política redistributiva y de desarrollo? Surge igualmente el bloque ideológicamente conservador sindicatos-gobierno desarrollista, con sus planes de empleo basados en la producción minera, que se opone mediante la violencia, como en Mendoza, Argentina, a la defensa ambientalista –o sea al otro bloque, el que forman agricultores, pequeños comerciantes, pobladores urbanos, estudiantes e intelectuales– que lucha por preservar el territorio que las minas devastarían, y sobre todo del agua, que esa explotación envenena y torna escasa.
En la fase en la que el capital trasnacional va por los bienes comunes y recurre a un despojo puro y simple del agua y del territorio, peor que el que preparó la primera Revolución Industrial, los piratas internacionales se apoyan sobre la necesidad de los gobiernos progresistas
de obtener divisas fuertes y de diversificar la economía y también sobre la gran demanda por trabajo, en cualquier condición y a cualquier costo social o ambiental. Es decir, se apoyan en la visión capitalista de los primeros y en la aceptación por grandes grupos de trabajadores y por sus direcciones sindicales, de los valores capitalistas.
Surge así una contradicción entre el ambientalismo democrático y de masas, por un lado, y el gobierno y los sindicatos (de trabajadores hoteleros, de la construcción, del transporte, del comercio) –como en Entre Ríos, Argentina, en el caso de la protesta de años en Gualeguaychú contra la papelera Botnia sobre el río Uruguay y en Uruguay–, contradicción que impide defender y reorganizar el territorio y que incluso da margen para una posible utilización derechista de una protesta y acción democrática genuina.
Si los gobiernos no sometidos al capital financiero internacional no desarrollan, al mismo tiempo, una política industrialista y una investigación real sobre cuáles podrían ser las bases de una economía alternativa, con productos, tecnologías y consumos no despilfarradores ni depredadores de los recursos, no podrán atenuar esa contradicción. El obrero no sólo busca trabajo y es asalariado: también es consumidor, vecino, ser pensante. Si pudiese trabajar en algo no contaminante ni dañino, lo haría. Si debe fabricar armas, químicos, automóviles de lujo o comida chatarra es porque debe comer. Para que no pierda oportunidades de trabajo y no dañe el ambiente hay que ofrecerle otro tipo de actividades productivas: no plantas termoeléctricas, sino electricidad generada por las mareas patagónicas o por los vientos o el sol, no fábricas de autos individuales sino de ferrocarriles o transportes colectivos. La investigación científica debe ser orientada hacia el desarrollo de productos que ahorren materias primas minerales y energía, que no sean desechables en pocos años, que nazcan de industrias no contaminantes. Sobre todo, es indispensable preparar ya el cambio de modelo energético, basado por entero en los combustibles no renovables.
