Jalapa, Ver., 21 de junio. Javier Duarte de Ochoa, candidato a la gubernatura por la alianza Veracruz para Adelante, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Veracruzano (PRV, de con registro estatal), se dijo preparado para exponer sus propuestas ante sus dos oponentes durante el debate público que este martes organizará el Instituto Electoral Veracruzano (IEV).

Estoy preparado para ir con propuestas a defender nuestros proyectos, afirmó luego de reunirse con miembros de la asociación Juventud Dinámica.

Dijo que no caerá en provocaciones ni en la guerra sucia que ha distinguido a Miguel Ángel Yunes, de la coalición Viva Veracruz, formada por los partidos Acción Nacional (PAN), y Nueva Alianza (Panal) y Dante Delgado Rannauro, de la alianza Para Cambiar Veracruz, que integran los partidos del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia.

Tengo las manos limpias. No tengo ninguna circunstancia que me pueda preocupar; por eso estamos trabajando con mucho ánimo, apuntó.

Consideró que quienes recurren a la descalificación no han logrado empatía con la sociedad y, en la desesperación, lo intentan con ataques y diatribas.

Dijo esperar que en el debate se discuta sobre plataformas y se muestre profesionalismo, estatura y madurez política en lugar de recurrir a insultos y agravios.

Por otro lado, Duarte de Ochoa aseguró que uno de sus principales objetivos es ofrecer oportunidades de crecimiento y empleo para los jóvenes.

También se reunió con los integrantes de la agrupación Izquierda Responsable, formada por ex militantes del PRD que se unieron al PRI. Dio la bienvenida a unos 300 ex perredistas encabezados por Galdino Diego Pérez, y presumió que militantes de Convergencia, petistas y panistas se han sumado a su campaña.

En tanto, el Comité Directivo Estatal del PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales contra el gobernador Fidel Herrera Beltrán y varios funcionarios estatales por presunto desvío de fondos públicos a las campañas del PRI.