En respuesta al creciente número de denuncias en contra de militares por violación a los derechos humanos de civiles en los operativos contra la delincuencia organizada, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creó la unidad de vinculación ciudadana, la cual buscará solucionar los conflictos que se generen entre la dependencia y la sociedad con motivo de la lucha que se libra contra las acciones criminales.

En el anuncio, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, el titular de la Sedena, general Guillermo Galván Galván, justifica la necesidad de la nueva unidad al señalar que es imprescindible brindar a la sociedad en general mayores elementos de información sobre el desempeño del Ejército y la Fuerza Aérea en el desarrollo de sus tareas.

Esta nueva instancia, añade el texto, envía una señal favorable a la población civil y a la comunidad internacional de que el Estado mexicano está generando los acercamientos necesarios para la debida atención de la ciudadanía, ante los conflictos que trae aparejada la presencia militar en las calles.

Las fuerzas armadas, subraya, han contribuido decidida y notablemente en acciones de combate a la delincuencia organizada, lo que ha generado la necesidad de establecer vínculos de comunicación con la sociedad civil con el propósito de intercambiar puntos de vista e información relacionada con este quehacer militar.

El decreto apunta que la unidad estará a cargo de un general –no precisa si brigadier, de brigada o divisionario–, quien dependerá directamente del secretario de la Defensa Nacional.

Además, por ser conveniente, contará con la participación de civiles con experiencia en políticas públicas y vinculación ciudadana.

Éste no es el primer intento del gobierno del presidente Felipe Calderón por paliar las críticas al Ejército a partir de que en diciembre de 2006 asumió el peso del combate al narcotráfico y al crimen organizado, lo que detonó el número de quejas contra soldados por violación a los derechos humanos.

En enero de 2008 la secretaría creó la dirección general de derechos humanos (DGDH) –a cargo del ex procurador de justicia militar Jaime Antonio López Portillo–, cuyo objetivo era agilizar la entrega de información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando hubiera denuncias de civiles contra soldados, así como representar a la Sedena ante organismos internacionales –como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– y cuando se presenten acusaciones contra el Estado mexicano relacionadas con soldados.

También, fomentar una cultura de derechos humanos entre los integrantes de las fuerzas armadas.

A diferencia de la nueva unidad, la DGDH no tenía la encomienda de fomentar un diálogo directo con organizaciones no gubernamentales u otras agrupaciones de la sociedad civil, se explicó en su momento a La Jornada.

Por otra parte, el decreto destaca que desde 2008 –sin mencionar a la DGDH– se han realizado 24 foros de discusión que permiten el intercambio efectivo de ideas y puntos de vista entre representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y personal militar de regiones, zonas y corporaciones militares, lo que incentiva la participación ciudadana y dota a las fuerzas armadas de elementos a tomar en cuenta en su actividad cotidiana para lograr el acercamiento con la sociedad.

De acuerdo con información de la Sedena, el alto mando del Ejército tenía planeada la creación de la unidad referida desde el año pasado. Incluso la Cámara de Diputados aprobó para este año el presupuesto con el fin de que esa instancia entre en funciones lo antes posible, aunque se desconoce quién será su titular.