Tras un largo litigio entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y compañías ligadas al empresario Carlos Ahumada Kurtz, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobará mañana miércoles –en acatamiento a una orden judicial– el embargo de cerca de 13.1 millones de pesos de las prerrogativas que le corresponden, a efecto de liquidar un pagaré que se adeuda desde 2004, durante la gestión de la entonces presidenta del sol azteca Rosario Robles.

El representante del PRD ante el IFE, Rafael Hernández, censuró que el organismo se haga eco de un procedimiento judicial que calificó de ilegal porque, dijo, las prerrogativas de los partidos son inembargables. Consideró que el hecho de que el instituto apruebe descontar los 13.1 millones de pesos sería un retroceso para el manejo de las finanzas de los organismos políticos, pues no ésa la vía para cobrar una deuda que todavía tiene, por cierto, otras vertientes legales en curso.

Hernández comentó que el presunto adeudo, que el PRD no ha reconocido plenamente, dijo, data de 2004 y suma alrededor de 40 millones de pesos con cuatro empresas, todas ligadas a Ahumada Kurtz. A principios de año se realizó un primer descuento –igualmente ordenado por el juzgado octavo de distrito en materia civil– de más de 10 millones de pesos, el cual, apuntó el representante perredista ante el IFE, los tomó por sorpresa.

De acuerdo con el dictamen distribuido este lunes, previo a la sesión del Consejo General, se describe que la empresa Universal Flexo –que Hernández identificó como ligada a Ahumada, al igual que otras tres que también reclaman adeudos al sol azteca– presentó la demanda penal contra el partido en enero de 2005, a partir de lo cual se inició el litigio en juzgados y tribunales, el cual parece tendrá una parte del desenlace este miércoles.

A partir de 2005, los recursos que ha interpuesto el PRD en contra de las decisiones judiciales han prolongado más de cinco años el litigio, lo que ha implicado la acumulación de intereses que ahora deberá pagar el partido, según el dictamen.

En días recientes, apercibido por el juzgado de que se sancionaría con multa al IFE, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, aprobó mediante oficio el descuento de los recursos en una exhibición, lo que representa casi la tercera parte de los cerca de 35 millones de pesos que mensualmente recibe el PRD por concepto de prerrogativas.

El recurso interpuesto por el sol azteca ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la decisión de Jacobo Molina y se ordenó volver a procesar la orden judicial, toda vez que una determinación relacionada con las prerrogativas partidistas no podía ser tomada por el secretario ejecutivo, por ser facultad del Consejo General del IFE.

La decisión de fondo se mantendrá, según comentaron algunos consejeros electorales, para quienes el instituto no tiene más alternativa que descontar los recursos al PRD, ante la orden judicial.

Hernández señaló a su vez que la decisión del Instituto Federal Electoral no sería admisible, lo que motivaría que se interponga un nuevo recurso, ya que el partido ni siquiera ha reconocido la deuda, misma que en la entrega de la administración de Robles no estuvo incluida. Paralelamente, el PRD mantiene una demanda en contra de Juan Pablo Zebadúa, entonces oficial mayor del sol azteca, quien firmó los citados pagarés que el organismo político no ha aceptado liquidar.