En México, 86 por ciento de los trabajadores que son contratados anualmente bajo el esquema de outsourcing laboran para empresas que no están reguladas y que utilizan dicha figura para evadir impuestos, contribuciones de seguridad social y pago de utilidades, advirtió Thierry Gonnet, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech).

Durante un foro sobre esquemas legales de tercerización, Gonnet sostuvo que de las 800 mil personas que se emplean anualmente bajo esa modalidad, menos de la quinta parte (117 mil) llegan a empresas debidamente reguladas.

Comentó que a través de cruces de información, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detectaron la existencia de varios tipos de empresas que simulan operaciones de outsourcing o tercerización, con la única finalidad de evadir obligaciones patronales y fiscales.

Entre ellas destacó sociedades cooperativas y en nombre colectivo; empresas integradoras e integradas; sociedades en comandita simple o sociedades civiles particulares.

Explicó que bajo estos esquemas de suministro de personal se registra a los empleados como supuestos socios, con lo cual evaden los pagos de las distintas contribuciones de seguridad social, así como de impuestos locales y federales y, con mayor frecuencia, el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades.

Gonnet destacó que en América Latina, México es el único país en el que hace falta una regulación en la materia, por lo que emitió algunas recomendaciones para que las empresas eviten contratar proveedores que no cumplan con la ley.

Detalló que éstos deben estar legalmente constituidos como sociedad mercantil y contar con registros de las diferentes instancias gubernamentales, como el SAT, el IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las entidades recaudadoras locales (tesorería local).

Además, dijo, en caso de prestar servicios a nivel nacional deben contar con registros patronales en cada entidad de la República, con la finalidad de que el personal contratado reciba atención médica en su localidad o estado correspondiente, entre otras medidas.

Es importante considerar que una tercerización de personal mal empleada lleva a la evasión de impuestos, afectando directamente la economía del país, a las empresas clientes que lo contratan y a los trabajadores, que lamentablemente no cuentan con los beneficios que una empresa legalmente constituida les ofrece, aseguró.

El dirigente destacó los operativos de fiscalización que recientemente han desplegado tanto el SAT como el IMSS a despachos y empresas que han utilizado esquemas de outsourcing para disminuir o eludir el pago de impuestos, en perjuicio de los trabajadores.

Recordó que las autoridades incluso han declarado que las sanciones podrían llegar a penas de cárcel para las empresas que no se pongan al corriente, lo que ha servido para regular el sector.

No obstante, resaltó que la legislación laboral no impide la subcontratación de personal en cualquier actividad productiva, sino únicamente la regula.