El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, señaló ayer que sigue en espera de la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Procuraduría General de la República (PGR), de aceptación o rechazo, a la recomendación 36/2010 sobre los homicidios de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar.

Insistió: estoy esperando la respuesta con el propósito de que se pueda garantizar el acceso a la justicia a la familia Almanza Salazar, porque sobre esa base se podrán presentar las denuncias correspondientes ante la PGR.

Cuestionado sobre los señalamientos de la Secretaría de Gobernación de que la recomendación es inconsistente, aseveró que el sustento es un expediente de mil 500 páginas, 326 evidencias, que se confrontaron con el informe oficial que remitió la Sedena, y del análisis se concluyó que no es sostenible la versión de que hubo fuego cruzado entre militares y el crimen organizado y que la familia Almanza quedó en medio.

Plascencia fue entrevistado al término de la firma de un convenio de colaboración entre la CNDH y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para unificar criterios y acciones con la finalidad de que las instituciones del sector salud otorguen mejor atención a la sociedad.

–Dice Gobernación que no hubo dolo en el manejo del caso; ¿qué opina usted?

–Estaremos pendientes de la respuesta oficial. Pero si están admitiendo que hubo impericia, evidentemente creo que va quedando muy claro que deben investigarse los hechos en aras de beneficiar a las víctimas de un delito: una madre perdió dos hijos y lo único que reclama es que haya justicia.

El ombudsman señaló que próximamente presentarán el caso de los estudiantes muertos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Es un asunto donde está involucrado un grupo de militares que intervinieron, no toda la Sedena, de ahí que las propuestas que se hacen es que, por ejemplo, en el caso de la familia Almanza Salazar se investigue y se deslinde la responsabilidad de los servidores públicos que participaron en ese hecho.