María Teresa Dorantes Cacique, dirigente de Archiveros Sin Fronteras sección México, desmintió que esa organización haya firmado algún convenio con el Archivo General de la Nación (AGN), para reorganizar y clasificar documentos elaborados por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), relacionados con la llamada guerra sucia de los años 70 y 80, tal y como lo anunció la Secretaría de Gobernación en febrero pasado y cuyo acuerdo signaron Ramón Aguilera Murguía y Jorge Nacif Mina, directivos de la Escuela Mexicana de Archivos.

“Con la denuncia pública realizada por la historiadora Ángeles Magdaleno, nos hemos enterado que a nombre de nuestra organización se han firmado actos contractuales los cuales son desconocidos por nuestra organización, tal y como ha ocurrido con el archivo de Cuautla, Morelos, el Orfeo Catalán, y evidentemente el del AGN, porque Archiveros Sin fronteras Sección México se dedica a apoyar el desarrollo de la ciencia de los archivos en el contexto de las normas internacionales sin afán de lucro.

Asimismo, María Teresa Dorantes Cacique indicó que como integrante del Consejo Internacional de Archivos, recomienda que “por la relevancia del archivo de la DGIPS, los documentos deben conservarse como están hasta este momento, ya que su contenido tiene valores jurídicos plenos, testimoniales, evidenciales e informativos.

“Asimismo, se debe crear un consejo de expertos en archivística, derecho, peritos, historiadores, antropólogos y sociólogos para que realicen una valoración, no para depurarlo, sino para dejar constancia del estado en que se encuentra la información.

Hasta entonces se podría proceder a la elaboración de un proyecto serio de descripción archivística, no de organización, porque el fondo de la DGIPS se conformó con series que por su naturaleza fueron generadas con información transversal y asociada, es decir, por ejemplo, los mandos de la dirección solicitaban información a sus subalternos y estos, a su vez, a instancias de los tres niveles de gobierno acerca de determinados casos o personas.

–¿Usted comparte lo expresado por la ex directora del AGN, Patricia Galeana, en el sentido de que es urgente una ley federal de archivos?

—¡Claro que estoy de acuerdo! El proyecto ya se está trabajando en el Congreso de la Unión. La primera iniciativa data de 2009 y el pasado 14 de abril Archiveros Sin Fronteras Sección México, entregó una nueva propuesta que enriquece la anterior.

“La regulación es urgente y confiamos en que en este año ya exista una ley federal de archivos que cierre la puerta a las mafias y proteja la gestión documental hasta el destino final de los documentos del Estado mexicano.

Entre las cosas necesarias está la incorporación del patrimonio documental, arqueológico y artístico al artículo 27 constitucional; con esto contaríamos con un marco jurídico que posibilite políticas públicas para el desarrollo de la ciencia archivística, del gremio y la participación de los archiveros en la aplicación e innovación de nuevas tecnologías.

—La historiadora Ángeles Magdaleno ha señalado que Jorge Nacif y Ramón Aguilera, directivos de la Escuela Mexicana de Archivos, han creado supuestas organizaciones civiles que en realidad operan como empresas privadas, ¿sabe usted de ello?

—Conozco el Instituto de de Estudios Históricos Carlos Sigüenza y Góngora, que ambos fundaron hace como 15 años y que trabajó proyectos de la Secretaría de Obras del Distrito Federal, instancia a la que le cobró 300 mil pesos por elaborar los instrumentos del Comité Técnico de Administración de Documentos; asimismo tienen vínculos con el IFAI y el AGN.