escomposición sobre aviso y casi bajo menú: de las alianzas perreánicas que enturbiaron las aguas electorales, a la firma y traición de los acuerdos de Bucareli entre priístas y panistas para canjear votos legislativos fiscales por inhibición selectiva de esos pactos de partidismos desesperados, a la difusión desestabilizadora de grabaciones cisénicas de gobernadores priístas en conversaciones de criminalidad política, a la comisión de delitos contra la integridad personal de candidatos de diverso nivel, hasta llegar ayer al asesinato del médico tamaulipeco que daría continuidad al negocio regional. Allí está el salto cualitativo que lleva de la guerra contra el narcotráfico a la guerra contra lo político. La inviabilidad electoral demostrada a punta de cuerno de chivo, las pugnas entre grupos políticos llevadas a su expresión terminal, la vida institucional convertida en esquirla o casquillo detonado.

Allí está bajo cirios el boceto alguna vez llamado normalidad democrática: candidatos bajo proceso penal, en la cárcel o amenazados; gobernadores en funciones exhibidos en pláticas telefónicas políticamente sucias; aspirantes a cargos y dirigentes partidistas advertidos por el narcotráfico de riesgos mortales si no obedecen instrucciones. Tamaulipas es el ejemplo contundente: nadie sabe para quién trabaja, y lo mismo el asesinato del médico es un ajuste de cuentas entre priístas inconformes con el manejo personal que de la sucesión ha hecho Eugenio Hernández, que una fórmula terrible de contención del desbordado priísmo, tratando de crear condiciones de alternancia como las que en Sonora dieron, así fueran naturales, no provocadas, vuelcos favorables al PAN. Muere el virtual gobernador que Eugenio había puesto, y ahora habrán de verse los perfiles del relevo (fantasmas del salinismo revuelan: el secretario general de gobierno es Hugo Andrés Araujo, pero no podría ser candidato sustituto; un hijo de Manuel Muñoz Rocha está en la lista de aspirantes. De pronto pareciera 1994 redivivo). Y el panismo pinolero insiste en buscar la anulación de ésas y otras elecciones que sabe perdidas, insistente en que soldados y policías federales cuiden los comicios de este domingo próximo, atentísimo a la creación o detección de circunstancias que ayuden a descarrilar el tren de la segunda derrota electoral escandalosa del felipismo.

Es una tragedia anunciada (pero no solamente allí, ni solamente en eso). Por ejemplo: Felipe Calderón se apresuró ayer a insertar en la irredimible lista de daños colaterales a quien fue candidato del PRI a administrar Tamaulipas. Como si fuera uno más de los 23 mil muertos por el narcotráfico a los que ha echado a la fosa común institucional de los muertos por enfrentamientos o por ser sicarios, sin asignarles siquiera el mínimo consuelo procesal de abrir averiguaciones previas e indagar causas y responsables de sus fallecimientos, el ocupante de Los Pinos dictaminó que Rodolfo Torre Cantú y varios de sus acompañantes habían caído en el marco del fuego disparado por los comerciantes de drogas, es decir, en un episodio más de la guerra en curso, tratando de excluir así las posibilidades de que entre las motivaciones de esos hechos de sangre estuvieran las de índole política y electoral, como si no se hubiera creado con anticipación y crudeza el ambiente de tensión y enconos que tiene hoy en vilo las expectativas electorales en varios estados del país. Calderón parecía, con el discurso y argumentos que ayer dio en transmisión televisada, más interesado en arrojar sospechas hacia ese mundillo inasible del narcotráfico y sus múltiples jefaturas e intereses, deseoso de ganar bonos para su tesis tan repetida de que la fórmula de salvación nacional pasa obligadamente por la unificación de criterios y acciones en torno a su mando e ideas, necesitado de insistir en la defensa de su personalísima guerra contra el narcotráfico. Escogió, además, una escenografía de combate, con los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y Gobernación, y el titular de la PGR, para mostrar luto y demostrar fuerza.

Lo cierto es que el asesinato del médico tamaulipeco ha cimbrado el escenario de la política institucional y ha inyectado en la sociedad más miedo y confusión (factores, éstos, con los que se ejerce el poder desde diciembre de 2006; con los que se pretende continuar el espinoso tramo final y con los que se alimentan las tentaciones de golpismo electoral o directo que permitan la continuidad patriótica del calderonismo bélico). Aquí se ha hablado con insistencia de la inviabilidad electoral, es decir, de los esfuerzos del felipismo por crear las condiciones que hagan imposible el ejercicio cívico e inaceptables los resultados, reducido el espejismo electoral a una farsa controlada por las armas y el dinero, sujeta a las amenazas de los cárteles del narcotráfico asociados al poder político dominante, prohibido para los ciudadanos el criticar, protestar, competir electoralmente si no se cuenta con la aprobación de los politizados armamentos que abatirán obstáculos a los preferidos y abrirán tumbas a los indeseados. Ayer, en Tamaulipas, en el marco de una política dominada por el narcotráfico, en la persona de un médico programado para continuar con la administración de lo real, se dio un paso más hacia el abismo institucional y político.

Astillas

Los priístas afilan cuchillos contra Calderón. Lo culpan de enrarecer el ambiente y obcecarse en arrebatar triunfos. Hoy se reunirán en la capital del país los jefes regionales denominados gobernadores… Doble derrota para la firma Gómez-Mont: directivos de comisiones estatales de derechos humanos han rechazado las palabras torpes del secretario de gobernación al calificar de tontos útiles a quienes desde la CNDH han precisado que la muerte de dos pequeños en Tamaulipas fue responsabilidad de militares; y el hermano del funcionario de Bucareli fue despedido del suculento Fonatur por andar de peleonero en un palco de estadio futbolero en Sudáfrica… ¡Hasta mañana!

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