l asesinato de Rodolfo Torre Cantú, aspirante a la gubernatura de Tamaulipas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) este lunes 28 de junio, a escasos días de las elecciones y en el marco de una guerra abierta entre el cártel del Golfo y Los Zetas por el control del estado, es, simultáneamente, síntoma de la descomposición política que se vive en el país a escala nacional y expresión de unos comicios profundamente viciados.

En Culiacán, Sinaloa, fueron arrojadas durante la madrugada del pasado 18 de junio bombas molotov contra las oficinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ese día fue atacado también el comité de campaña del candidato del PRI a la alcaldía de Ahome. El 12 de junio se produjo una agresión similar contra el edificio del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN). El objetivo de estos atentados sería crear un clima de inseguridad que inhiba la votación.

En Oaxaca, la empresaria y ex secretaria de Transporte durante el gobierno de José Murat, Aurora López Acevedo, denunció que fue secuestrada y violada por cinco personas. Los agresores le dijeron: hija de tu puta madre, deja de estar chingando, ya te advertimos dos veces y ésta es la tercera y no entiendes.... La transportista acusó a Manuel Moreno Rivas, ex director de la policía ministerial, de estar detrás del ataque. El ex gobernador Murat ha apoyado la campaña de Gabino Cué en la entidad. El candidato de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso anunció un inminente conflicto poselectoral.

En Durango, los integrantes de la coalición Durango nos Une han informado sobre el robo y la quema de vehículos, persecución contra sus militantes, así como detenciones arbitrarias y amenazas contra sus simpatizantes. Señalan al gobernador del PRI como responsable de las agresiones.

Estos tres hechos son apenas una pequeña muestra de la intensidad y el fragor de la guerra sucia en los comicios del próximo 4 de julio. La lista de las trapacerías cometidas en esta pelea de lodo llena páginas y páginas. Nadie parece estar a salvo. Baste enumerar tan sólo otro par. Al candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el PRD, Gregorio Greg Sánchez, se le dictó auto de formal prisión y se le suspendieron sus derechos político-electorales por supuestas ligas con el narcotráfico.

Simultáneamente, medios nacionales han divulgado grabaciones ilegales en las que se muestra a mandatarios estatales y funcionarios electorales intervenir en las campañas. Este 29 de junio, los dirigentes nacionales del PAN, PRD, Partido del Trabajo (PT) y Convergencia acudirán a la Fiscalía Especial de Delitos Electorales para demandar penalmente por ilícitos electorales y daño patrimonial con recursos públicos, por la violación a la Ley Electoral y a la Constitución al gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, así como a funcionarios de su gobierno y a consejeros del Consejo Estatal Electoral, y procederán de la misma manera contra otros gobernadores priístas.

Las elecciones del próximo 4 de julio son claves de cara a los comicios presidenciales de 2012. Un triunfo arrollador del tricolor en ellos le allanaría al PRI, en lo general, y a Enrique Peña Nieto, en lo particular, el camino a Los Pinos. Es por ello que la actual contienda partidista se ha convertido en un ensayo general de lo que el país vivirá en la próxima sucesión presidencial: un pleito entre las elites, en el que todo se valdrá para mantenerse o para llegar a la Presidencia de República; una guerra de una intensidad en la que el conflicto que el país vivió en 2004-2006 será apenas un juego de niños.

Como muestran las actuales campañas, uno y otro bando echarán mano de cuantos recursos tengan a su alcance para derrotar a su adversario: tratarán de cooptar a enemigos prominentes, ventilarán sus juegos sucios en los medios de comunicación, colocarán pájaros en los alambres, judicializarán las elecciones, chantajearán con la carta del narcotráfico, utilizarán los programas sociales y, si es necesario, recurrirán a la violencia.

Como parte de su estrategia de campaña, el PRI ha anunciado por anticipado su triunfo en los 12 estados en los que se renovarán ejecutivos locales. La blanqueada tricolor sería parte de una imparable racha ganadora que no se detendrá sino hasta 2012. El mensaje priísta, sin embargo, deja de lado que en varios estados se encuentra profundamente dividido, y que triunfar sin unidad interna no es fácil.

Es ya costumbre en las elecciones que los partidos y candidatos divulguen en la opinión pública encuestas en las que informan que la mayoría de los ciudadanos los apoyan. Los sondeos de opinión se han convertido en un arma más en la guerra sucia y no en un instrumento para medir las tendencias de voto. Lo notable en este proceso electoral ha sido que, salvo en casos muy específicos, la mayoría de las encuestas no se ponen de acuerdo en varios de los posibles triunfadores y/o en sus márgenes de triunfo.

A pesar de ello, y con las limitaciones del caso, es evidente que no todo es miel sobre hojuelas para el PRI. Tan sólo durante el último mes, los sondeos mostraron que en Puebla y Chihuahua el tricolor ha perdido más de 10 puntos porcentuales, mientras en Durango su ventaja disminuyó en cinco puntos. En este último estado la declinación del candidato a gobernador por el PT en favor de la coalición Durango nos Une, complica las cosas al PRI.

Grandes dificultades para triunfar tienen también los candidatos del tricolor de Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala. En los dos primeros estados el partido está fuertemente dividido. Gabino Cué tiene tras de sí el apoyo de los ex gobernadores Diódoro Carrasco y José Murat. Mario López Valdez, integrante del PRI hasta hace unas semanas, cuenta, entre otras, con las simpatías del senador Francisco Labastida y su hijo, así como del ex gobernador Juan S. Millán.

Como parte del ensayo general hacia 2012 en el que se ha convertido este 4 de julio, el gobierno de Felipe Calderón no puede permitir el triunfo priísta por un marcador de 12 a cero. Para ello, las divisiones tricolores juegan en su favor. También las herramientas de todo tipo que proporciona el estar en Los Pinos. Parecieran inevitables varios conflictos poselectorales y, por supuesto, una mayor descomposición política.