ué hacer con la espesa burocracia nacional, que goza de los placeres presupuestales, engulle glotonamente recursos públicos sin ofrecer mayores resultados y que, lejos de reivindicarse con los mexicanos, cada día que transcurre hace menos y complica más las cosas? Se dan casos de película de terror, como el pago de impuestos (cada día más crecido y menos justificado) o la supuesta atención de excelencia que brinda el IMSS y demás instituciones del sector salud; otros se asemejan a un programa de los tres chiflados, como el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), dependiente de la SEP, donde dejaron de entregar constancias (primeros días de enero de 2010) porque se nos fue la luz, de tal suerte que fue necesario esperar hasta su regreso, por mucho que un buen número de solicitantes provenían de interior de la República. Súmense los programas sociales (con fines netamente electorales) y/o para el campo (caja chica de políticos, sus amigos y uno que otro narco), inquilinos de Los Pinos que satisfacen su pasión futbolera con dineros públicos y descarada mentira a los ciudadanos, y demás actos vandálicos a costillas de la nación, sin olvidar los cometidos por autoridades estatales y municipales.

Hay muchos casos que comentar, pero toca el turno a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dependiente de la Secretaría de Hacienda, creada por decreto presidencial en 1999. Según su propia versión, se dedica a dos tipos de acciones: preventivas (orientar, informar, promover la educación financiera), y correctivas (atender y resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios de servicios y productos financieros). Su compromiso, dice, es buscar siempre una relación justa y equitativa entre los usuarios y las instituciones financieras, entre otras cosas.

Conocida es su defensa, pero de los intereses de la banca y demás instituciones financieras que operan en el país, pero un caso concreto en el que la burocracia de la Condusef de plano le toma el pelo a quienes (¡oh!, ilusos) suponen que en ella encontrarán ayuda para contrarrestar la voracidad de bancos y banqueros, así como de sus buitres profesionales disfrazados de agencias de cobranza. En 2010, tal comisión se comerá un presupuesto de 568 millones de pesos, de los cuales casi 60 por ciento se destina al pago de nómina y el 40 por ciento restante a otro tipo de gasto corriente. Su presidente, el aclamado escritor Luis Pazos, obtiene un salario bruto anual de 3 millones 169 mil 541 pesos; 80 de sus funcionarios tienen asignados sueldos que van de un millón 200 mil a 2 millones 900 mil pesos cada 12 meses. Y ni así.

Pues bien, resulta que un iluso defensor de las instituciones –que no de la burocracia enquistada– decidió recurrir a una de ellas (la Condusef) para denunciar el hostigamiento telefónico por parte de un banco (Banamex) y su agencia de cobranza. El trámite lo realizó vía Internet (Cobranzas: ¡Denuncia los malos tratos!), por medio de la cual se da todo tipo de facilidades para realizar la denuncia correspondiente y la garantía de que en un plazo no mayor de 20 días hábiles obtendrá respuesta. En este caso, el motivo fue más que simple: Banamex y sus buitres quieren cobrar algo que el denunciante no debe, por la simple razón de que no es cuentahabiente del banco (de hecho, nunca lo ha sido), ni usuario de ninguno de sus productos. Se especifica que puede deberse a un error en la base de datos, se anota la información personal de quien recurre a la comisión, se le proporciona un número de folio (en este caso el 2010/PGC/3652) y asunto resuelto, según la propaganda.

Tres semanas después el denunciante recibe lo que la citada comisión califica de respuesta, misma que a la letra señala (con espeluznante sintaxis, íntegramente respetada): “con relación a su asunto el cual recibimos con fecha 02 de Junio de 2010 (la denuncia se hizo 24 horas antes), respecto a la problemática consistente a Gestión de Cobranza sin ser el cliente deudor Operaciones crediticias / Tarjeta de crédito, nos permitimos informarles lo siguiente: por este medio le informo que recibimos su aclaración vía gestión electrónica de Condusef, sobre el particular me permito comentarle, que su solicitud no es procedente, ya que no menciona el número telefónico que está recibiendo gestiones de cobranza, el nombre del despacho de cobranza que está realizando las gestiones, el número completo de la cuenta o crédito que están cobrando, el nombre con los dos apellidos de la persona a la que buscan. Por lo anterior, le proporcionamos la dirección electrónica a la que puede enviar su solicitud con los datos completos y en donde le atenderemos: [email protected]. Banco Nacional de México, SA, Integrante del Grupo Financiero Banamex. Atentamente: Lic. Mónica Núñez Grajales” (¿en la nómina gubernamental, o en la del banco?).

¿Qué resolvió la Condusef? Absolutamente nada. ¿En qué ayudó al quejoso? Ídem. Lo que sí hizo fue mandar al denunciante directamente al banco hostigador (y que, por lo mismo, denuncia ante la supuesta autoridad), para que éste le resuelva el asunto, como lo califican. Independientemente de lo anterior, la referida respuesta miente con pleno descaro, al asegurar que no se proporcionaron los números telefónicos por medio de los cuales se hostiga al denunciante (55 2000 2143, 2226 4449, 2262 9332, 2226 0077, 22629313, 2262 9315, 2262 9375, 2226 4446, 2226 9333, 2226 9095, 22629334, 2262 9096, 2226 4448, la mayoría de ellos anotados por el quejoso en el formato de denuncia proporcionado por la institución pública). Por lo demás, ¿cómo se supone que el hostigado conoce el nombre del despacho de cobranza, si los buitres nunca se identifican?; ¿cómo, que conoce el número completo de la cuenta o crédito que pretenden cobrar y el nombre con los dos apellidos de la persona a la que buscan, si él no es el deudor? ¿De dónde lo obtiene?

Entonces, si esa es la constante, si así resuelve las denuncias, qué caso tiene un ente público que para defender a los usuarios de los servicios financieros los manda directamente con el lobo, y que para tal fin se coma casi 600 millones de pesos en recursos públicos. Aberrante.

Las rebanadas del pastel

Pues nada, que la tan cacareada goliza a la inseguridad (Calderón dixit) sube de tono, y a qué velocidad: ahora alcanza a los candidatos a gobernador. Pero no se preocupen, también este debe ser un asunto de percepción ciudadana, como dice el desmoronado inquilino de Los Pinos.

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