La manera ultraortodoxa en que los gobiernos mexicanos han adoptado los paradigmas económicos internacionales han propiciado menor crecimiento, paralizado el proceso de industria- lización y marginado a casi 50 por ciento de la población, lo que provocó un serio debilitamiento de la cohesión social y del avance democrático, aseguró el ex secretario de Hacienda David Ibarra.

El ex funcionario aseguró que debido a errores económicos de visión y las camisas de fuerza económicas y financieras impuestas a las políticas públicas, no es de extrañar que haya un ascenso en la marginación y que se vea resquebrajado del mercado nacional de trabajo.

Con 50 por ciento de las familias sumidas en la pobreza, y un porcentaje semejante de la fuerza de trabajo en el sector informal, no es posible, señores, es imposible, mejorar el bienestar general de la población y tampoco resulta viable hacer avanzar la democracia, señaló.

Durante su participación en un seminario sobre igualdad y desarrollo en México, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Ibarra dijo que el país padece de insuficiencia crónica de ingresos públicos, en gran medida por la eliminación de gravámenes a las clases ricas, lo que ha convertido a México en un enorme paraíso fiscal.

Al respecto, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés Ríos, aseguró que las leyes tributarias en el país están construidas de manera que los poderosos no paguen impuestos.

El también ex procurador general de la República explicó que la ley en materia de tributación es aprobada por el Congreso de la Unión, lo mismo que las decisiones en materia de erogación, pero las últimas se avalan sólo como actos administrativos.

Lo anterior, dijo, significa que las leyes fiscales, que tienen como fundamento la fracción cuarta del articulo 31, cuentan con una enorme limitación porque ese artículo dice que las leyes en materia fiscal deben ser proporcionales y equitativas, lo que es valorado por un Poder Judicial.

¿Quién tiene capacidad argumentativa y litigiosa ante ese Poder Judicial?, sólo los núcleos económicamente poderosos, afirmó. De este modo, agregó, la ley está construida para que el poderoso no pague.

Los que se sustraen ahí, con todos los instrumentos que les da el sistema jurídico mexicano, al cumplimiento de sus responsabilidades fiscales, son los que andan diciendo que los mexicanos no pagamos impuestos, señaló.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, planteó que la región necesita un cambio estructural para superar la desigualdad, pero con base en la titularidad de derechos como ética compartida y como principio último irreductible.

En la conferencia magistral La desigualdad en América Latina, dijo que la propuesta de la Cepal incluye puntos como la igualdad basada en el acceso de todos los ciudadanos al empleo digno, a la salud, educación, empleo, seguridad social y a la alimentación. También, añadió, se necesitan políticas económicas con visión propia y de largo plazo, así como un pacto fiscal con efecto redistributivo.

Esta es la apuesta que la Cepal pone a disposición de América Latina y el Caribe. Es una propuesta donde se reposicionan las propuestas con visión de igualdad y donde se haga de la igualdad una titularidad de derechos y lleguemos a una ciudadanía plena. Tenemos un futuro pleno frente a nosotros, aseguró.

Agregó que también es necesario redefinir al Estado. Esta nueva ecuación tiene que convocar a la ciudadanía para redefinir lo público. Lo público como el espacio de los intereses colectivos y no como lo que es privativo sólo del gobierno. Lo público es lo de todos y el Estado no es sinónimo de gobierno. El Estado son todas las instituciones que conforman una visión pública.