La Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó que autoridades de seguridad y migratorias no den atención debida al problema de los secuestros de migrantes, particularmente los provenientes de países centroamericanos, actos que cada vez son más violentos y frecuentes. También criticó que el trabajo humanitario que despliegan agrupaciones civiles sea criminalizado por las autoridades.

En el contexto del seminario Retos de la seguridad y migración en la frontera sur, la religiosa Leticia Gutiérrez Valderrama, secretaria ejecutiva de la DPMH, manifestó que las autoridades de los estados donde ocurren dichos plagios no dan prioridad al asunto, lo que calificó de verdadero acto de barbarie, pues éstos son torturados física y sicológicamente para obtener información de sus familias con el fin de extorsionarlas.

También dijo que no sólo las mujeres y los menores que viajan solos son víctimas de abusos sexuales durante su paso por territorio nacional, sino también los varones.

Lamentó que las vejaciones y los secuestros no sean denunciados, pues los migrantes saben que si van ante el Ministerio Público sólo tendrán como respuesta la deportación. Nunca les informan que por haber sido víctimas de un delito tienen derecho a una visa humanitaria, resaltó.

La religiosa criticó que en México no haya una política pública para atender a esas víctimas. Ni siquiera se les da atención sicológica, y no sabemos si es por omisión o complicidad. Por ello, desde febrero de 2010 hemos empezado, junto con otras organizaciones, a obligar al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Procuraduría General de la República a que atiendan a las víctimas. Incluso se llevó el tema ante la CIDH.

Axel García, encargado de la promoción de los derechos humanos de la DPMH, aseguró que a dicha problemática se suma que integrantes de grupos Beta son parte de la población que abusa de los migrantes. Lo hemos constatado en Oaxaca. También policías estatales son parte de las redes de trata, apuntó.

Leticia Gutiérrez indicó que también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública federal victimizan a los migrantes, ya que disfrazan acciones para “robar. Con violencia efectúan operativos migratorios”.

Axel García expresó que para la DPMH es preocupante que con base en dos artículos de la Ley General de Población, se justifiquen atropellos. “El 67 restringe el derecho de audiencia, si bien es cierto que a las personas aseguradas en teoría se les debería avisar sobre el acceso a un documento migratorio por daño sufrido. Quienes fueron secuestrados saben que si van ante el Ministerio Público serán enviados a Migración para ser deportados. También hay criminalización del trabajo humanitario, pues si bien el artículo 138 define el delito de tráfico de personas, no diferencia la labor humanitaria, pese a que el objetivo del tráfico es el lucro y el del trabajo humanitario es el acompañamiento; es gratuito y obviamente no hay delito, pero nos acusan de traficantes de personas”.