El secretario administrativo del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), Carlos Nava Pérez, presentó ayer su renuncia al cargo efectiva a partir del 16 de julio próximo, unas horas después de que los magistrados aprobaron en sesión privada cambios en la estructura orgánica, un nuevo reglamento interior y un manual de organización y funcionamiento del órgano jurisdiccional.

En un intento por limpiar la imagen de la institución a cuatro meses de que uno de sus magistrados, Miguel Covián Andrade, fue destituido e inhabilitado por realizar actividades remuneradas fuera de la institución, contra lo dispuesto en la ley, se aprobó también un catálogo de valores y principios éticos en el que se establece como un deber de todo servidor público del TEDF actuar con transparencia y rendir cuentas con veracidad.

En un breve comunicado, el TEDF informó ayer que Nava Pérez se separa del cargo por cuestiones profesionales, derivadas de una oferta de trabajo que satisface ampliamente sus expectativas.

Nava fue contador mayor de hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en la primera y segunda legislaturas, cargo del que se retiró con licencia por poco más de un mes en 2002 para enfrentar un proceso penal, acusado por la PGR de irregularidades a su paso por la Cámara de Diputados, aunque fue absuelto y retomó su puesto en el órgano legislativo local.

Ingresó al TEDF en marzo de 2008, donde recibió algunos cuestionamientos por los informes relacionados con las ampliaciones presupuestales que se efectuaron para concluir las obras de remodelación del edificio del organismo, lo que derivó incluso en varios procedimientos administrativos en la Contraloría pendientes de resolver.

La tarde del martes, el pleno del TEDF aprobó por unanimidad de los cuatro magistrados una serie de documentos que, a decir del presidente del organismo, Adolfo Riva Palacio, tienen como objetivo una mayor transparencia y control en el manejo de los recursos del organismo.

El pleno, explicó en entrevista, tomará las decisiones administrativas y fijará la normatividad, el presupuesto y cómo se distribuirá, pero ya quien lo opera va a ser el magistrado presidente y las áreas administrativas. Dijo que el siguiente paso será elaborar manuales de procedimientos y sistemas de información automatizados que permitan tener dicho control sobre el patrimonio y los recursos.

Sobre el catálogo de valores y principios éticos, se advierte en uno de sus considerandos que, derivado de las innovadoras transformaciones que vive cada día nuestra sociedad mexicana, es natural que los trabajadores en su interrelación cotidiana se involucren en esta dinámica, como acontece en otros sectores, dando ocasión a circunstancias que podrían afectar su libre conciencia y papel esencial en el desempeño de sus funciones, lo que puede ocasionar la pérdida de confianza en los órganos de administración de justicia, si éstos no actúan con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.