adrid. Por primera vez en la historia de la capital española, el parlamento regional, la Asamblea en la que están representados los ciudadanos por medio de sus diputados, emitió una declaración institucional aprobada por unanimidad en la que se condena a todos los países que persiguen, discriminan y agreden a los homosexuales. La derecha española, que hasta ahora había sido reacia a reconocer la igualdad de este colectivo con el resto de los ciudadanos y que se había opuesto a la ley que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, se suma a una iniciativa que coincide, además, con los actos relativos a la semana del orgullo gay, lésbico y transexual.

Hace cinco años, cuando el Parlamento español aprobó la ley que equiparaba en derechos a personas homosexuales, la derecha, la Iglesia católica y los sectores más conservadores y reaccionarios de España protagonizaron una serie de manifestaciones, protestas y campañas mediáticas para denigrar esta legislación. Incluso presentaron la reforma como una amenaza a la familia tradicional y al matrimonio. Los mensajes apocalípticos se han convertido, cinco años después, en parte del pasado y ahora, una vez puesto en evidencia que la aplicación de la ley no alteró el cimiento de la sociedad, incluso la derecha madrileña se pone al frente de una campaña contra los países que, por medio de sus legislaciones, persiguen o agreden a los homosexuales.

En el texto de la declaración, aprobado por los partidos Popular, Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, se afirma que la declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce en su artículo dos el principio de no discriminación por sexo y que la Constitución garantiza en su artículo 14 la igualdad de todos los españoles, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Asimismo se añade que la Asamblea de Madrid expresa su condena a los países que discriminan a los homosexuales y reclama a los países cuyas leyes castigan a las personas por su orientación sexual o establecen discriminaciones por razón de sexo que cumplan la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un texto que hace cinco años hubiera sido imposible de leerse en un Congreso dominado por la derecha y, mucho menos que se haya aprobado por unanimidad. Una consecuencia más, positiva, de la aprobación de la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo.

Armando G. Tejeda, corresponsal