egún un reporte difundido ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el desempleo en el país registró un incremento de 50 por ciento en tres años. Aunque el documento sostiene que la tasa de desocupación en el país (5.7 por ciento) continúa siendo más baja que el promedio de la OCDE, también reconoce un crecimiento significativo en el sector informal, “en una mayor proporción que cuando la crisis conocida como efecto Tequila, entre 1994 y 1995”.

El informe presentado por la OCDE viene precedido, en el caso de nuestro país, por un manejo confuso y optimista de las cifras oficiales sobre la creación de puestos de trabajo. En mayo pasado, ante la difusión de datos sobre el incremento del desempleo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, señaló que en el primer cuatrimestre del año se habían creado más de 300 mil empleos con nombre y apellido, y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, indicó días después que hasta la primera quincena de mayo se habían creado 403 mil puestos de trabajo formales. Un mes después, la Encuesta Nacional de Ocupación levantada por el Inegi reveló que la tasa de desempleo en mayo fue de 5.68 por ciento en mayo –hasta entonces la cifra más alta desde septiembre de 2009–; en respuesta, Lozano Alarcón subrayó la creación de más de 700 mil empleos en lo que va de la administración calderonista, si bien reconoció posteriormente que el país enfrenta todavía un déficit de 130 mil 724 plazas laborales para alcanzar los niveles de ocupación que se tenían antes de la crisis económica de 2008 y 2009.

Finalmente, el pasado jueves, el titular de la STPS afirmó que la violencia del crimen organizado no ha afectado la generación de fuentes laborales en el país, y dijo que incluso es posible que este año se rebase el máximo histórico de trabajadores registrados en el Seguro Social. Ese mismo día, en su tercera cadena nacional en menos de una semana y en vísperas de las elecciones del pasado domingo, Calderón Hinojosa señaló que en seis meses se superó el medio millón de nuevos empleos.

Tal ligereza en el manejo de las cifras laborales es indicativa de la indolencia característica del grupo gobernante ante un fenómeno que, más allá de los indicadores macroeconómicos, representa un sentir de incertidumbre y zozobra para decenas de miles de familias en el país. Por lo demás, el beneplácito oficial respecto de dichos datos es doblemente improcedente si se toma en cuenta que encierran en sí mismos una distorsión de la realidad, por cuanto no consideran la informalidad y la subocupación. Lo cierto es que, sin esas válvulas de escape, la población desplazada del mercado laboral formal se encontraría en una situación mucho más apremiante.

A la luz de las cifras sobre el incremento del desempleo en lo que va del régimen calderonista, presentadas en el documento de la OCDE, resulta imperativo que el actual gobierno dé un viraje en sus prioridades, destine sus recursos económicos a la creación de programas y medidas de apoyo inmediato a las franjas afectadas por la contracción en el mercado laboral, y emprenda la siempre postergada reactivación de la economía y el mercado internos, elementos imprescindibles para garantizar la creación de puestos de trabajo suficientes y bien remunerados en el país. En la hora presente, el desempeño oficial ante un desempleo real que se resiste a todos los intentos de maquillaje de las cifras oficiales pudiera redundar en un aumento de la irritación social que recorre el país y desembocar en escenarios indeseables de ingobernabilidad.