Organizaciones civiles, funcionarios y académicos elogiaron la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de impugnar la ley SB 1070 de Arizona.

Representa un avance importante y una demostración de voluntad política para frenar la entrada en vigor de un ordenamiento violatorio de los derechos humanos, señaló la organización civil Sin Fronteras.

Agregó que la medida servirá de freno, le cerrará la puerta a un posible efecto dominó en otros estados tentados a reproducir este tipo de leyes.

Dijo confiar en que se repliquen actos contundentes contra normas que no ayudan a ver a la migración desde la óptica del desarrollo, sino de la criminalización.

El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, afirmó en entrevista durante el foro Jóvenes y discriminación que es inaceptable una legislación como la SB 1070, pues está en contra de una tendencia internacional de protección de los derechos humanos. Además tiene una serie de costos enormes para la población de Estados Unidos: división, posibilidad de violencia, desconfianza, pérdida de capital y de cohesión social, así como enormes costos económicos para Arizona y Estados Unidos.

Especialistas en política exterior opinaron que México –aunque debe mantenerse respetuoso del proceso judicial interpuesto por el gobierno de Obama– está obligado a aprovechar las ventajas de la figura jurídica de amigo de la Corte para proveer de información al juez del caso.

Guillermo Colín Villavicencio, investigador del departamento de relaciones internacionales del Tecnológico de Monterrey, consideró que el gobierno mexicano debe mantenerse en contacto permanente con su similar estadunidense y el Departamento de Justicia para que el tema de la migración se mantenga vigente y no adquiera un toque electorero, y empezar a prever medidas consulares en caso de que la ley Arizona entre en vigor.

Laura del Alizal Arriaga, investigadora de la UAM Iztapalapa, sostuvo que México está obligado a promover una reforma migratoria, defender los derechos humanos de los mexicanos que cruzan la frontera e insistir en que la solución a la migración no está en leyes como la SB 1070, sino en dar atención a un problema cuyo origen es fundamentalmente económico.

Gabriel Pérez Duperou, encargado de vinculación de la Casa del Migrante de Saltillo, criticó que en México tampoco exista un marco legal y una política integral para atender la problemática de los migrantes centroamericanos que transitan por territorio nacional y son víctimas de delitos.

Añadió que la estrategia migratoria nacional, igual que en Estados Unidos, se centra en tratar de controlar la migración y de la forma más rápida deportar a los migrantes sin ningún respeto a sus derechos humanos.