La posibilidad de que las órdenes de aprehensión que todavía existen en contra de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) sean ejecutadas por funcionarios de la administración del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, sigue siendo un peligro latente, reconoció ayer el abogado Leonel Rivero.

El litigante, que defiende a Ignacio del Valle y a Felipe Álvarez –quienes la semana pasada fueron excarcelados del penal de máxima seguridad del Altiplano por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, acudió la mañana de este miércoles ante las autoridades jurisdiccionales y pudo confirmar que aún están abiertas tres causas penales contra los líderes de Atenco.

En entrevista con La Jornada, Rivero destacó que existen dos posibilidades para cancelar las órdenes de captura en el corto plazo: la primera, que la procuraduría mexiquense determine el desistimiento de la acción penal; la segunda, que un juez federal resuelva que esas medidas cautelares no están fundadas ni motivadas en derecho y por ello conceda el amparo a Álvarez y a Del Valle.

Desde el pasado lunes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Baruch Carvajal Delgado, reveló en entrevista que esas causas penales están radicadas en los juzgados tercero y segundo penal, en Texcoco.

La primera de ellas está vigente en el expediente 131/06 del juzgado tercero penal, por el delito de robo agravado, derivado de hechos ocurridos en junio de 2003, cuando Ignacio del Valle y Felipe Álvarez presuntamente sustrajeron una averiguación previa de la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco.

En la causa penal 116/06, del mismo juzgado tercero, se acusa a Del Valle y Álvarez de lesiones y daños en bienes públicos, por una manifestación realizada en 2005, cuando supuestamente hirieron a agentes de la policía estatal y dañaron patrullas.

En el juzgado segundo penal se encuentra vigente la causa 60/06 por despojo agravado, ya que los dirigentes de Atenco acusados habrían intervenido en un conflicto conyugal, en apoyo de una de las partes. Hoy (ayer) pude confirmar en el juzgado que los jueces que nosotros sabemos que tienen libradas las órdenes de aprehensión (contra los líderes del FPDT) no han rendido el informe justificado ante el juez de distrito que tramita nuestra petición de amparo. Las órdenes siguen, pues, vigentes, destacó el litigante.

La legislación penal en el estado de México, a diferencia de otras entidades, permite a la procuraduría mexiquense que aun cuando un expediente ya haya sido consignado ante un juez penal, y aunque exista una orden de aprehensión vigente, en cualquier momento la autoridad ministerial puede optar por el desistimiento de la acción penal.

El abogado de los líderes de Atenco confió en que las autoridades mexiquenses opten por el desistimiento de la acusación penal como una forma jurídica de zanjar el conflicto social del caso Atenco que tuvo su momento más crítico en mayo de 2006, cuando autoridades policiacas arrestaron a más de 200 habitantes de esa comunidad, luego de dos días de enfrentamientos entre policías y pobladores de la localidad.

Otra opción de cancelar las órdenes de aprehensión que aún enfrentan Del Valle y Álvarez es que el juzgado tercero de distrito en materia de amparo, con residencia en Toluca, que desde abril pasado estudia una demanda de garantías que interpusieron los líderes del FPDT, conceda la protección de la justicia a los quejosos por falta de pruebas para demostrar su presunta responsabilidad en los delitos que les imputan las autoridades mexiquenses.