Buenos Aires, 8 de julio. Con la mirada fría, sin el menor gesto en su expresión, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, ante cuyo nombre temblaron miles de argentinos en las varias provincias que comprendía el Tercer Cuerpo de ejército que comandó durante la pasada dictadura militar (1976-1983), escuchó impasible su cuarta condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, en Tucumán, capital de la provincia del mismo nombre.

En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal hubo momentos expectantes cuando Menéndez recorría con la mirada endurecida decenas de fotografías de desaparecidos que levantaban en silencio las madres y los familiares de las víctimas en esa provincia. Esto se transformó en alegría desbordante, no exenta de lágrimas, al conocerse el dictamen de la justicia y familiares de las víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos que llenaban la sala estallaron en un grito único se hizo justicia, ante el hecho de que se especificaba el cumplimiento de la pena en cárceles comunes.

Escuchando un coro de voces que los llamaba asesinos los imputados se fueron del lugar.

Por ese tribunal habían pasado desde febrero pasado 64 personas, entre ellos víctimas sobrevivientes contando su tragedia.

Menéndez uno de los más duros e implacables jefes militares de entonces fue encontrado culpable de violación de domicilio en reiteradas ocasiones, privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados en perjuicio de 17 personas en uno de los casos. Además por los delitos de tortura seguida de muerte de dos detenidos y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad en los casos de otras 19 víctimas.

El militar cumple prisión preventiva en la cárcel de Bower en la provincia de Córdoba por una condena anterior y volverá allí donde enfrenta junto al ex dictador Jorge Rafael Videla, un juicio oral por otros crímenes de lesa humanidad.

También fue condenado en Tucumán el ex policia Roberto Heriberto Albornoz, (El Tuerto) por delitos de lesa humanidad cometidos en la jefatura de policía de esa provincia y se dispuso su inmediata detención en una cárcel del lugar revocando la prisión domiciliaria que gozaba, y los ex policías y hermanos Luis y Carlos de Cándido a 18 y cuatro años de prisión.

Fue en este mismo tribunal donde recientemente compareció el testigo Juan Carlos Clemente, quien fue secuestrado y sometido a torturas en la jefatura de policía y al cuál luego se dio un carnet policial que aprovechó para llevarse a escondidas algunos archivos, que ocultó durante años y entregó al tribunal, ante la sorpresa del jueces y familiares. Así se conocieron no sólo otras casi 300 desapariciones, sino listados de perseguidos y condenados, lo cuál se constituye en el primer archivo de importancia incorporado a una causa. Clemente fue el hombre del día.

Algunos de los imputados en esta causa ya murieron, pero otros como el general Antonio Bussi, ex titular de la V Brigada de Infantería, debió ser apartado del juicio debido a razones de salud y su juicio está por ahora suspendido.

Pero Menéndez y Bussi, ya habían sido condenados por otro tribunal en Tucumán en agosto de 2008 por el secuestro y desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse.

Para el secretario de Derechos Humanos, el abogado y ex defensor de presos políticos y a su vez perseguido, Eduardo Luis Duhalde, con estas resoluciones judiciales se da un golpe a la impunidad tantos años. Y esto sucede en una provincia donde la población ha vivido represiones a lo largo de todas las dictaduras del siglo pasado y en 1975 el ejército desarrolló allí el llamado Operativo Independencia, un antecedente básico de la dictadura, donde centenares de personas fueron asesinadas y desaparecidas.

Duhalde consideró que gracias a estas penas que se están imponiendo para que cumplan las sentencias en cárceles comunes, que es lo que corresponde, se han terminado los privilegios que gozaban estos señores.

Y recordó que las víctimas “fueron asesinadas sin que tuvieran ninguna posibilidad de apelar a la justicia, de plantear hábeas corpus o de gozar de las garantías constitucionales con las que ahora ellos mismos (los juzgados en estas causas) cuentan”. También destacó la falta de arrepentimiento de los responsables y el valor de las familias que lucharon durante años y esperaron por la justicia sin ejercer jamás violencia por mano propia.

Mañana en esta misma ciudad se celebrará el acto de conmemoración de la declaración de la independencia argentina (9 de julio de 1816) y asistirá la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.