De existir algún indicio de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) censuró o manipuló el informe del relator especial sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas, Vernor Muñoz, se deben presentar pruebas e investigar a fondo, pues el trabajo de un relator especial es independiente y no está sujeto a la aprobación de ningún gobierno, afirmó Gloria Ramírez, directora de la cátedra Unesco de derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Destacó que la dependencia ha incumplido con su obligación de difundir el informe, pues fue el Estado mexicano quien autorizó la visita, y aclaró que si bien el reporte debe ser enviado a las autoridades, ningún relator especial supedita su trabajo a la aprobación de un gobierno ni si le gustan o no los resultados. No creo que se acepte que un estado corrija la plana.

Luego de que Ricardo Monreal, senador del Partido del Trabajo, solicitó ante la Comisión Permanente la comparecencia de Alonso Lujambio, titular de la SEP, al afirmar que alteró y modificó el informe presentado por el relator especial, Ramírez enfatizó que si el legislador tiene información de que efectivamente se alteró, debe presentar las pruebas, pues es una acusación doble, por una parte que el documento fue modificado por autoridades mexicanas, y por otra, que se toleró está situación.

Agregó que un relator goza de independencia para su visita y entregar sus conclusiones. Además, el informe, presentado el pasado 2 de junio ante la asamblea general del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, incluye temas suficientemente graves, como el rezago educativo y la inequidad en la calidad de la educación, como para que la SEP no haya propiciado acciones inmediatas y urgentes, como las que señala el documento suscrito por Muñoz.

Tras la visita del relator especial a México, en febrero pasado, el secretario Lujambio criticó que Muñoz presentara en conferencia de prensa los resultados de su visita antes de entregarlos a la dependencia que encabeza. Por ello el funcionario afirmó que analizaría el envío de una nota diplomática.

Ramírez, también presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que es lamentable que Lujambio politice los resultados y no acate ninguna recomendación, pues desde que se difundió el documento no conocemos ninguna acción orientada para cumplir las recomendaciones presentadas.

Explicó que México tiene una larga tradición de incumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales, pese a que el informe de Muñoz representa una enorme oportunidad para la SEP de corregir el rumbo, al menos en los aspectos generales que fueron abordados, pues también podemos destacar que el relator se quedó corto en temas sensibles como la violencia en las escuelas.

Sin embargo, enfatizó que cualquier posible censura al informe del relator debe ser investigada y, de comprobarse, establecer responsabilidad, por lo que aseguró que las organizaciones civiles pro derechos humanos estaremos muy atentas al caso.