Las prácticas de espionaje telefónico en México afectan por igual a políticos, empresarios, ministros de la Suprema Corte, funcionarios públicos, artistas o a cualquier ciudadano común que esté bajo la mira de algún enemigo.

El único requisito es que el solicitante de la información pague la cuota respectiva, que va desde 60 mil pesos por escuchar las llamadas telefónicas que realice en una semana algún empleado de una empresa privada, hasta 400 mil por oír las conversaciones que durante siete días efectúe un gobernador, un diputado, un juez o un directivo de alguna firma trasnacional.

Documentos de la Procuraduría General de la República (PGR), y otros que constan en causas penales abiertas por el Poder Judicial Federal (PJF), a los que tuvo acceso La Jornada, indican que en el país proliferan empresas que se registran ante la Secretaría de Hacienda como firmas de seguridad privada, o que ofrecen servicios de consultoría en marketing político o de venta de equipos para vigilancia intramuros, pero que en los hechos se dedican a realizar escuchas telefónicas ilegales.

Se trata de compañías que, a decir del penalista Julio Hernández Pliego y de Juan Ibarrola, experto en imagen pública y director general de Lobbying Solutions –una de las consultoras de relaciones públicas más reconocidas del país–, operan con la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Estimaciones de ambos especialistas entrevistados por este diario indican que en cada entidad del país hay por lo menos dos empresas que en realidad se dedican a la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas privadas. Se trata de un delito que, al contrario de lo que sucede en otros países, en México no es considerado grave y alcanza el beneficio de la libertad bajo fianza.

El factor impunidad, aunado a una baja penalidad de ese delito en los códigos penales, es lo que ha permitido la proliferación de empresas que simulan realizar acciones legales, pero que se dedican al espionaje telefónico, expuso Hernández Pliego, profesor de derecho procesal penal en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un denominador común de estas consultorías dedicadas al espionaje es que son constituidas por ex funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Haber trabajado en instancias públicas ligadas a temas de seguridad nacional permite a los dueños de esas compañías tener conexiones con actuales funcionarios de la PGR, de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública (SSP) federal, así como otras dependencias.

Así, por ejemplo, empresas consultoras han logrado espiar a personajes públicos ligados a la política, principalmente durante el desarrollo de procesos electorales.

Los casos más recientes de espionaje político son los del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, a quien se exhibió unas semanas antes de que se realizaran los comicios del 4 de julio dando órdenes a funcionarios de su administración para operar en favor del candidato del PRI a la gubernatura, Javier Duarte.

A Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, también le fue intervenido su teléfono y el resultado fue una grabación que se difundió de manera anónima, en la que se muestra abiertamente el apoyo que el gobierno estatal dio al candidato priísta al gobierno de esa entidad, Eviel Pérez Magaña, quien perdió la contienda.

Por poner un ejemplo, en la averiguación previa 97/UEIDCSPCAJ/08, cuya copia tiene La Jornada, la PGR presume que por medio de compañías de seguridad privada y de las conocidas como consultoras en marketing político, ex funcionarios del Cisen realizaban labores de espionaje.

Para ello se asociaron con un ciudadano israelí, quien vendía en México equipo para la intervención de comunicaciones de Nextel, las que hasta hace poco eran consideradas inviolables.

El caso también consta en la órden de aprehensión 63/2009, donde se documenta que el israelí Yosef Sheva Porat presuntamente operaba en México desde hace más de un lustro como proveedor de equipos de espionaje y para ello se hacía pasar por empresario regiomontano, consultor en seguridad o entrenador de gotcha.

La indagatoria supone que el intermediario que tenía en México era Luis Miguel Dena, ex delegado del Cisen en Chiapas, el estado de México y el Distrito Federal, y que desde 2007 es dueño de Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas (SPIPSA), empresa que ofrece servicios de guardia y custodia de casas, edificios y compañías privadas, pero que en realidad se dedica al espionaje telefónico.

Pero esa no es la única empresa de espionaje que ha sido detectada por las autoridades ministeriales.

El 30 de septiembre de 2008, según consta en la indagatoria 99/UEIDCSPAJ/08, un informe de investigación suscrito por los agentes federales de investigación Sócrates Peralta y José Francisco Rodríguez refiere que haciéndose pasar por solicitantes de los servicios de la empresa de consultoría privada Risk Prevention Consultans, fueron a entrevistarse con una persona que se presentó como Guillermo Lago Montes, representante de esa firma dedicada a la asesoría en temas de seguridad privada.

Nos comentó el señor Lago Montes que se dedicaban a hacer investigaciones privadas, que generalmente operaban con anuencia de la autoridad o incluso con miembros de partidos políticos, narraron los agentes federales.

Los dos policías agregaron en su informe que Lago Montes les expuso en su oficina que, por ejemplo, el seguimiento al director general de una empresa trasnacional tiene un costo de aproximadamente 200 mil pesos, y el de un simple empleado, 60 mil; que si se trataba de un gobernador, diputado, juez, magistrado o ministro de la Corte, el costo sería de 400 mil pesos por una semana de servicio, ya que había que contactar gente en las procuradurías de los estados, la PGR o las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Seguridad Pública federal, e incluso el Cisen.

Sobre la adquisición de los aparatos de tecnología de punta que utilizan las empresas consultoras privadas para realizar espionaje telefónico, Juan Ibarrola, presidente de Lobbying Solutions, expuso: las empresas que fabrican esos aparatos para intervenir llamadas telefónicas (principalmente procedentes de Israel) no venden sus productos a personas físicas, sino exclusivamente a instituciones gubernamentales.

Agregó que las autoridades de los tres niveles de gobierno sí adquieren equipo tecnológico de manera legal, pero ni las áreas de compra de alguna dependencias públicas y mucho menos los responsables de los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública saben exactamente qué es lo que están comprando, cuando en realidad están adquiriendo equipos de espionaje que se facturan como centros de monitoreo de medios de comunicación.