La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió sobre los responsables del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, justamente en el mismo sentido en que lo hemos hecho en actos de autoridad, sostuvo el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas.

A más de 15 días de que la SCJN resolvió no fincar responsabilidades a altos funcionarios que violaron garantías individuales de las víctimas, Vega afirmó que si el máximo tribunal ha dado su fallo, la SFP –responsable de sancionar a servidores públicos por actos de negligencia, corrupción, opacidad y otros– ya no tiene materia para hacer nada más.

En entrevista con La Jornada, en su despacho de Insurgentes Sur, prevé el fin de capítulo del caso ABC. En relación con la denuncia contra Vicente Fox por presunto enriquecimiento ilícito, asegura que está próxima la conclusión de la indagatoria.

Aclara que las pesquisas contra Fox no se iniciaron en 2006, sino en 2007 (Ricardo Monreal, ex coordinador de los senadores perredistas, hizo la denuncia). Niega tardanza y justifica el lapso invertido por la SFP en la averiguación: Nos interesa más encontrar la verdad que responder mediáticamente.

Deslinde

El responsable de sancionar la opacidad gubernamental afirma que son excepcionales las respuestas negativas de las dependencias, y se deslinda del litigio de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria –que se niegan a abrir información relevante– contra el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Ese es un tema en que la SFP no puede intervenir, ni sancionar, ni opinar; sólo tomaríamos posición si alguna parte presenta denuncia en la dependencia.

–A un año del incendio en la ABC, ¿cuáles son las conclusiones de la indagatoria de la SFP?

–Revisamos la parte administrativa. Sancionamos a seis funcionarios públicos federales; desde el coordinador nacional de las guarderías hasta abajo.

“Revisamos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los temas de las guarderías, para ver cómo funcionaban, y el caso de los contratos. No teníamos posibilidad de declararlos ilegales. Esperamos a lo que la Corte decidiera, y lo hizo justamente en el mismo sentido que hemos hecho en actos de autoridad. No se pronunció, hasta donde entiendo, por que haya sido ilegal el contrato (de ABC), y nosotros estamos en revisión para ver si nos quedó algún procedimiento especial.

–¿Sería el fin del capítulo?

–Si la Corte dio su fallo, nosotros no tendremos materia para hacer nada más. Sólo revisamos por si falta algún detalle.

–¿Qué los llevó a concluir que no había elementos para sancionar a los funcionarios de alto nivel, entre ellos del IMSS?

–Nos tenemos que basar en las normas. Cuando ocurrió el accidente, revisamos quiénes eran los responsables de supervisar los elementos de seguridad y los encargados de cumplir sus labores. Para tener la presunción de que alguien es responsable, tiene que estar esto en la ley, en la normatividad.

–La averiguación sobre Fox se inició en 2006. Para cualquier ciudadano de a pie, ese lapso es más que suficiente para saber si hubo enriquecimiento ilícito.

–No tenemos cuatro años, sino menos con la investigación. Los plazos, las contestaciones y lo que hay que hacer para agotar las indagatorias llevan mucho tiempo. Hay que esperar datos externos que pedimos para corroborar. Preferimos tener la certeza de que agotamos todo, porque si cerramos anticipadamente, pueden surgir elementos distintos y nosotros ya hemos cerrado y no podemos abrir de nuevo. Nos ha sucedido recurrentemente. Así es la ley. Preferimos tener la certeza, aunque no tengamos oportunidad de hacerlo cuando el tema está en los medios. Nos interesa más encontrar la verdad que responder mediáticamente.

–¿Qué ha sido tan complejo para revisar las cuentas del ex presidente Fox y de Marta Sahagún? En casos muy específicos las autoridades actúan con una rapidez extrema y en éste no hay respuesta. ¿Va a terminar este sexenio y el caso quedará en el olvido?

–No. En la SFP hemos establecido una nueva colaboración con otras autoridades –antes no existía–: de Hacienda, bancarias, de la PGR. La investigación de Pemex Internacional nos llevó casi dos años, porque se inició con las normas anteriores y hubo que seguir en curso. Hoy los procesos son nuevos. Tenemos que mejorar. Pero los que iniciamos anteriormente estaban diseñados de manera distinta y ahora estamos cambiando.

–Eran dos investigaciones sobre Fox: porque presuntamente se llevó documentos de Los Pinos y por enriquecimiento ilícito. El IFAI hizo, incluso, un pronunciamiento para que se revisara si se llevó documentos de la Presidencia.

–Voy a verificar esto. Lo investigo. Son demasiadas (las indagatorias) para tenerlas en mente.

–¿Cuántas denuncias ha presentado el IFAI contra dependencias que niegan información pública?

–Muy pocas comparadas con la cantidad de solicitudes que se presentan. Excepcionalmente no se entrega la información por ser reservada. En otros casos hay conflicto de leyes: una obliga la entrega; otra la prohíbe. Tenemos que resolver la entrega y estamos castigando, pero debemos resguardar la seguridad de las personas, porque muchas veces se pide información riesgosa para la vida de los involucrados.

–Para ello se hace versión pública.

–Efectivamente, pero hay casos en que no hay versión pública posible. De la documentación se infiere quiénes fueron los denunciantes, los hechos. Procuramos que se cumpla al máximo la ley de transparencia, pero hay límites.