s preferible que transiten por el país soldados de Estados Unidos antes que sicarios o traficantes de drogas, señaló Mauricio Bo- raschi, el zar antidrogas del gobierno de Costa Rica, encabezado por Laura Chinchilla (La Nación (N) 3/7/10), ratificando así la intención de fondo de la cruzada antidrogas (Iniciativa Mérida) estadunidense: la intervención y ocupación militar de América Latina, que percibe como su reserva estratégica (petróleo, gas, minerales, forestas, etc).

Esta meta fue avalada por Calderón en la junta del alto mando de seguridad nacional EU-México el 23 de marzo pasado. Al día siguiente de esa junta, Janet Napolitano, de la Seguridad Interior de Estados Unidos, en pretendida indiscreción reveló a la National Public Radio que Calderón dijo a Robert Gates y a Michael Mullen, jefe del Estado Mayor, “que estaba abierto a la posibilidad de aceptar la presencia en México de soldados (de Estados Unidos) …se sugirió que él la habría pedido” (Universal 5/4/10). Poco después, el subsecretario de Defensa estadunidense para el hemisferio confirmó el envío a México de asesores militares. El acato de Calderón a esos diseños de seguridad está presente en su fallida guerra contra el narco y en su intento por derogar (en 2007) la Ley de Neutralidad de 1939, que obstaculiza la presencia de buques, submarinos y aeronaves de guerra en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanos.

En Chinchilla la capitulación es por igual, nítida y patética: se da en medio de informes de la complicidad de grandes bancos y firmas de inversión de Estados Unidos (Wachovia de Wells Fargo, Citigroup, Western Union, etc) en el lavado de dinero y la notoria laxitud oficial; de la ineptitud del gobierno estadunidense en el control de la demanda de drogas y de su extraña reticencia para abatir el colosal flujo de armas de alto poder hacia los cárteles al sur del Bravo.

La presidenta tica niega la militarización de la lucha antidrogas, pero solicita y logra de la Asamblea Legislativa (bajo un Convenio de Patrullaje Conjunto) autorización para el ingreso al país de más de 7 mil marines en los próximos seis meses, a bordo de 46 naves de la Armada, para combatir al narcotráfico y como no vienen de paseo filantrópico, pide, a decir de José M. Villalta, diputado del Frente Amplio, que el gobierno de Costa Rica renuncie a presentar cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de la propiedad de otro, lesiones o muerte del personal de ambos que surgieran de las actividades.

Luis Fishman, de la Unidad Social Cristiana, quien firmó ese convenio cuando fue ministro de Seguridad Pública hace 10 años, consideró que la actual solicitud lo viola por ilegal e inconstitucional y demandó respeto a la soberanía nacional. El convenio, aclaró, permite el ingreso de naves del Servicio de Guardacostas (SG) pero no de la Marina de Guerra, que no están preparadas para combatir el narcotráfico sino para otro tipo de conflictos y enfrentamientos militares.

Una vez abierta una rendija, Estados Unidos la interpreta como convenga a su interés empresarial y necesidad geoestratégica, por ejemplo, el control de la principal reserva petrolera del hemisferio, localizada en Venezuela.

Juan L. Sánchez B (Royal Military College), ejemplifica: “el USS Makin Island es un portaviones de asalto anfibio, portador de lanchas de desembarco, helicópteros y aviones de ataque y 1024 marines, y el USS Freedom es nave portamisiles, con capacidad antibuque y antisubmarina… ¿Será que se intentan operaciones encubiertas de inserción de tropas en naciones vecinas para neutralización de objetivos del narco?” (N.7/7/10).

La embajada de Estados Unidos y el gobierno alegan que las naves vienen bajo el mando del Servicio de Guardacotas y responden a esas autoridades, no a la Armada. Según su vocero, los motivos del vasto despliegue son humanitarios, médicos y educacionales. Los helicópteros, dijo, vendrán esta vez con ropa y sistemas de filtración de agua para donarlos a las comunidades y con mil ositos de peluche. Menos mal.

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