l Distrito Federal es la primera y hasta el momento la única entidad del país y del mundo que cuenta con un Diagnóstico y un Programa de Derechos Humanos (PDHDF). Para dar seguimiento y evaluar su efectiva aplicación, se creó el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación, con una composición multisectorial e integrado por tres instancias: el comité de seguimiento y evaluación, que es el órgano político y decisorio; el equipo técnico operativo, que como su nombre lo indica tiene tareas más técnicas, y los espacios de participación, concebidos como formas de trabajo multisectorial, donde se comparte información sobre el estado de desarrollo del programa. Tales espacios de participación fueron instalados el pasado 7 de julio en un acto de tres días, que reunió a servidoras y servidores públicos, así como a representantes de la sociedad civil y del sector académico.

Los trabajos de esos días arrojaron información importante, pues hicieron visibles la complejidad de este novedoso proceso. Tal como se esperaba, tales espacios permitieron exponer dudas, inquietudes y preocupaciones de las servidoras y los servidores públicos, pero también compartir experiencias positivas y formas de trabajo que han facilitado la implementación del programa. Podemos destacar también que si bien encontramos voluntad política por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales para llevar a cabo el PDHDF, la información se ha concentrado en mandos medios y altos, pero no ha bajado al personal operativo. No hay tampoco articulación entre las distintas áreas de una misma dependencia para poder realizar sus líneas de acción, hay inercias institucionales (burocratización) que obstaculizan el trabajo, y en la mayoría de los casos se señaló la falta de presupuestos.

La necesidad de capacitación constante, así como de mayor acompañamiento y orientación de quienes están involucrados en el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación, fue una solicitud expresada por servidoras y servidores públicos. En muchos casos se señaló un problema de diseño en el programa, pues contiene líneas de acción: 1) redactadas de manera confusa, 2) que no le corresponden a la instancia señalada, 3) que requieren mayor presupuesto, así como 4) la ausencia de actividades relacionadas con derechos humanos que se realizan, pero que no están previstas en el programa.

Algunas dependencias mostraron preocupación, porque se les habla de seguimiento e inclusive de evaluar su desempeño, cuando apenas están conociendo el PDHDF o iniciando su ejecución. También se destacó que la instrumentación del PDHDF está afectada por la complejidad de las estructuras de los distintos entes ejecutores, pues no se da el mismo tipo de diseño institucional en el Gobierno del Distrito Federal que en el Tribunal Superior de Justicia o en la Asamblea Legislativa.

Uno de los temas que deberá revisarse de manera más puntual es el de los organismos públicos autónomos (Opas), ya que con excepción de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), los Opas no han incorporado el programa como parte sustantiva de sus actividades. Por otra parte, los espacios de participación permitieron compartir experiencias de implementación exitosas o con mayor avance, como es el caso de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura y la CDHDF, lo que sirvió para que entre las mismas instancias se generara una interesante retroalimentación y sinergias que podrían coadyuvar al cumplimiento del programa.

De los espacios de participación surgieron propuestas para formar comités de seguimiento que permitirán realizar un trabajo multisectorial más concreto sobre los derechos, grupos de población u otros temas transversales del PDHDF, como el presupuesto y la capacitación.

Como resultado de esos tres días se crearon cinco comités de seguimiento (derecho al agua, vivienda, medio ambiente, poblaciones callejeras y presupuesto), y se decidió crear mesas de trabajo intersectoriales sobre: el capítulo dedicado al sistema de justicia, el acceso a la información, salud, grupos de población y capacitación. Las delegaciones decidieron trabajar por medio de un espacio de coordinación delegacional. La instalación de los espacios de participación para impulsar la creación de los comités de seguimiento o de mesas de trabajo intersectoriales son sólo el comienzo de un proceso más amplio, en el que las organizaciones civiles y sociales de derechos humanos desean tener una participación muy activa, propositiva y crítica.

En ese sentido, preocupa que pudiera en algún momento generarse una dinámica de simulación del cumplimiento de las líneas de acción del programa por parte de las dependencias. Por ello es necesario lograr que el PDHDF se convierta en una política de Estado y no sólo en el compromiso de un gobierno. Por ello también se ha insistido en la importancia de contar con una Ley del Programa de Derechos Humanos en el Distrito Federal. En su implementación será crucial el compromiso firme y el trabajo decidido de los tres órdenes de gobierno para que cada uno, desde la esfera de sus competencias y sus propias atribuciones, respeten, protejan y hagan exigibles y justiciables todos los derechos humanos de quienes habitan y transitan en esta ciudad capital. Particularmente los de todos los grupos de población que se encuentran excluidos y discriminados.