El procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, afirmó que la violencia vinculada con el crimen organizado y el narcotráfico ha dejado en el país 24 mil 826 muertos desde diciembre de 2006 a la fecha, y la detención de cerca de 78 mil personas por delitos contra la salud.

Cabe destacar que las cifras oficiales de homicidios repuntaron en más de 2 mil 100 con respecto al reporte entregado por el Ejecutivo a los legisladores en abril pasado, en el que se anunciaron 22 mil 700 muertos. En ese documento del gobierno federal se detalló que 2009 ha sido el año más violento, con 9 mil 635 asesinatos.

En conferencia de prensa, el procurador Arturo Chávez explicó ayer que en lo que va del sexenio se han decomisado 75 mil armas, en su mayoría provenientes del norte del país, y 400 funcionarios de la dependencia que encabeza han sido consignados por diversos ilícitos.

En el encuentro con medios, el funcionario refirió que tiene conocimiento que el abogado Diego Fernández de Cevallos se encuentra con vida, luego de cumplirse dos meses de su desaparición. Expresó que por decisión de la familia del panista está cerrada la comunicación, esto luego que les indicó que toda la información que conociera del caso tendría que integrarla en la averiguación previa. Por ello no ha habido comunicación.

Sobre los hechos de violencia que tienen lugar en Ciudad Juárez señaló que lo que está ocurriendo es que estamos viviendo consecuencias de una descomposición social que inició hace mucho tiempo en aquella ciudad, a causa de la proliferación de giros negros, migración y el asentamiento de cárteles de la droga, que originaron el surgimiento de pandillas que no tienen identidad nacional y mucho menos regional.

El crimen organizado, sostuvo, actúa de manera violenta como parte de una guerra intestina, con el objeto de amedrentar y generar temor entre la sociedad, desestabilizar a la autoridad y abrir espacios de impunidad para seguir con sus actividades ilícitas.

Por ello, agregó, las autoridades trabajan en el fortalecimiento de las instituciones y aplican toda la fuerza del Estado para garantizar la tranquilidad y dejar sentadas estrategias de seguridad, cuya realización puede superar los más de dos años que le quedan a la presente administración.