Las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos “no nos vamos a conformar con una manita de gato” que el gobierno federal pretenda dar a a la actuación de las fuerzas armadas para responder a la exigencia de terminar con la indebida extensión del fuero militar, advirtió Miguel Concha, director del Centro Fray Francisco de Vitoria.

Ante la reiterada negativa del Estado mexicano para aceptar las recomendaciones que en diferentes ocasiones le han hecho organismos internacionales respecto de modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y someter a los integrantes de la milicia a procesos judiciales del fuero común por violaciones a los derechos humanos, Miguel Concha expresó que la creación de una procuraduría en la materia dentro la estructura de las fuerzas armadas o una unidad de atención al público para la presentación de denuncias, resultan totalmente insuficientes.

Para cumplir con la Constitución tampoco bastará impartir cursos a los militares, dijo. Ninguna de estas alternativas corresponde al modelo de sociedad que queremos, subrayó.

Miguel Concha participó ayer en la presentación del informe La impunidad militar a juicio, elaborado por los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan sobre los casos de las indígenas Valentina Rosenda Cantú, Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, acerca de los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya emitió recomendaciones que el gobierno mexicano incumplió.

Por lo anterior, los expedientes se turnaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Luis Arriaga, director del Centro Pro, informó que la audiencia resolutiva del máximo tribunal americano se realizará durante la última semana de agosto y es probable, dijo, que el fallo, nuevamente, sea contra las autoridades federales.

En los tres casos ocurridos en Guerrero se vieron involucrados militares que actuaron al margen de la ley por violar y golpear a las mujeres, así como por realizar detenciones arbitrarias y torturar a campesinos que fueron obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias mediante las cuales fueron acusados de portar armas de uso exclusivo del Ejército y de cosechar marihuana.

En ninguno de estos casos se ha hecho justicia, a pesar de que han transcurrido ocho años de las agresiones sufridas por las mujeres, y más de diez de la detención arbitraria e ilegal de los campesinos ecologistas.

Nada ha ocurrido, ni siquiera luego de que la CIDH emitió dos recomendaciones al Estado mexicano entre octubre de 2008 y marzo de 2009, a fin de que éste adoptara medidas para la reparación integral del daño causado a las víctimas.

El informe de las organizaciones civiles resalta la situación vivida por Valentina e Inés, quienes, dijeron, son evidencia de los impactos reales y concretos de la militarización sobre las mujeres indígenas. Muestra los riesgos que enfrentan quienes se atreven a denunciar la impunidad que protege a los militares, así como la recurrencia de situaciones como la falta de acceso a la justicia o los abusos ocasionados por la creciente ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas.

Respecto de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el reporte indica que sus casos ilustran el riesgo que significa defender el medio ambiente, y exhibe los abusos cometidos contra quienes son detenidos en México.

A partir del relevo de titular en la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, Miguel Concha concedió al funcionario el beneficio de la duda; aunque no tenemos muchas esperanzas, albergamos la de un cambio de actitud y que se reconozcan las evidencias sobre la deficiente actuación del Ejército en cuanto a la garantía y protección de los derechos humanos.

Finalmente, Luis Arriaga resaltó la importancia de que se reconozca que la estrategia federal de seguridad ha fallado y la necesidad de replantearla, a fin de asegurar el pleno ejercicio de las garantías fundamentales.