Nueva York, 16 de julio. El sindicato siderúrgico internacional de Estados Unidos y Canadá elogió el fallo de un tribunal mexicano para anular una orden de arresto contra el dirigente del sindicato minero mexicano y declaró que el gobierno de Felipe Calderón abusa de la ley en persecución de líderes sindicales independientes.

Leo W. Gerard, presidente internacional del sindicato siderúrgico United Steel Workers (USW), elogió el fallo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) anulando la orden de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, emitida el 9 de julio, afirmando que eso implica que los dirigentes mineros son inocentes de cualquier mal manejo de los fondos establecidos por las privatizaciones de minas estatales a finales de los años 80.

A la vez, advirtió que el gobierno ha ignorado de manera repetida fallos anteriores de tribunales con respecto a este asunto y continúa empleando cualquier recurso para perseguir al liderazgo de un sindicato independiente y autónomo que defiende a los trabajadores mexicanos.

Gerard afirmó que las acusaciones contra Gómez Urrutia por el manejo del fideicomiso de 55 millones son una gran mentira, y que el gobierno mexicano ha confiscado más de 20 millones de estos fondos, como también ha congelado las cuentas bancarias de los mineros para intentar debilitar al sindicato.

Acusó que cada vez que pierde una decisión en los tribunales, el gobierno mexicano fabrica nuevas argumentaciones, pero basadas en las mismas viejas y agotadas mentiras. Sus acciones demuestran que es un gobierno que abusa de sus poderes, no uno que cumple con sus leyes.

Ken Neumann, director nacional de USW en Canadá, declaró que la persecución a los mineros y a Napoleón Gómez es una de las notas menos reportadas en los medios, y considera que esto es consecuencia de que Germán Larrea, de Grupo México, “tiene intereses mayores e influencia en sectores de los medios privados de México…”

El USW recordó que recientemente el gobierno mexicano envió más de 3 mil policías federales y estatales para reprimir la huelga minera en Cananea, en la ofensiva gubernamental en apoyo de Grupo México contra el sindicato minero.