La administración capitalina ya pagó las indemnizaciones a los propietarios de los 51 predios de la zona de La Malinche, en la delegación Magdalena Contreras, y procederá a depositar los montos correspondiente por los lotes expropiados en la delegación Álvaro Obregón a las cuatro empresas involucradas, a fin de empezar en agosto la construcción de la supervía poniente, informó la consejera jurídica y de servicios legales, Leticia Bonifaz Alfonzo.

Al término del primer informe de resultados de la Oficina de Apertura Rápida de Negocios, destacó que no existe ningún impedimento jurídico para detener las obras, pues la mayoría de los 13 juicios interpuestos contra el decreto de expropiación de 126 predios en ambas demarcaciones se han sobreseído, aunque se está en la mejor disposición de dialogar y llegar a un acuerdo.

Mencionó que el predio más grande es propiedad de la empresa Borodino, que posee más de 59, pero no todos se encuentran afectados, por lo cual se puede trabajar sin ningún problema, aunque como hay un juicio que no tiene suspensión, estamos viendo el momento oportuno para depositar el pago, y si tenemos que seguir buscando la negociación, que es el eje de una buena política, lo haremos.

Proyectos cancelados

En esa situación se encuentran otras compañías, como Águila Real, que proyectaba realizar varios desarrollos inmobiliarios, pero al declararse La Loma y las barrancas de Tarango zonas de valor ambiental, canceló cualquier posibilidad de construir viviendas en esas zonas, pues únicamente está autorizado realizar la supervía poniente.

Ante las manifestaciones en contra que ha conllevado el anuncio de esta obra, funcionarios del gobierno capitalino anunciaron que los interesados podrán conocer en la página de Internet www.obrasenmiciudad.df.gob.mx/, una versión pública del título de concesión con sus anexos, la declaratoria de necesidad, la propuesta de proyecto de concesión y las opiniones técnicas y financieras de varias secretarías.

El subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa; el oficial mayor, Adrián Michel, y el secretario de Obras y Servicios, Fernando Aboitiz, señalaron que también se harán públicos el monto de las contraprestaciones, los lineamientos para la operación del sistema de puentes y túneles y el estudio de impacto ambiental, aunque se reservará lo relacionado con datos personales, tanto de la empresa como de las personas a las que se les expropió su predio.