sta semana una juez federal decidirá la suerte de la ley SB1070, o ley Arizona como coloquialmente es conocida, que autoriza a la policía a detener a cualquier ciudadano sospechoso de ser indocumentado, para averiguar su calidad migratoria. No hay novedad en el contenido discriminatorio; sólo cabe agregar que incrementa aún más la tensión en la ya de por sí dividida sociedad estadunidense.

El gobierno del presidente Obama consideró que la ley es violatoria de la Constitución, por lo que interpuso una controversia ante un juzgado federal para que sea declarada anticonstitucional, con el argumento de que únicamente el gobierno federal está autorizado para definir y aplicar la política migratoria. Como era de esperarse, la discusión en torno a la procedencia de la ley y el análisis sobre cada frase de su contenido ha dado lugar a un sinfín de argumentaciones legales que llegan al más profundo barroquismo jurídico.

No hay que bordar mucho para llegar a una conclusión sabida de antemano: el fondo de la ley es eminentemente político. El asunto se reduce a juzgar a los indocumentados según convenga para la cosecha de votos en el proceso electoral que se avecina.

A diferencia de otras ocasiones, en los que la reforma migratoria fue pospuesta en el Congreso por desacuerdos en torno a su alcance, esta vez no se discute si debe haber o no reforma, sino cómo castigar a quienes serían el objetivo de la reforma. No es otra la esencia de la ley Arizona: primero, limpiar ese estado de trabajadores indocumentados, incluyendo a sus familias, y ya después estudiar una propuesta de reforma migratoria. Como se esperaba, el mal ejemplo cundió y en otros estados del país vecino ya se discute la posibilidad de proponer una ley similar a la aprobada en Arizona.

Para colmo, un grupo de gobernadores y legisladores demócratas ha manifestado su escepticismo sobre la demanda interpuesta por el gobierno federal para que se declare anticonstitucional dicha ley.

Desde su punto de vista, la Casa Blanca se apresuró en la demanda y algunos de ellos expresaron preocupación ante la posibilidad de perder su relección si la secundaban.

En un ambiente tan tenso, marcado por una polarización cada vez más profunda entre quienes consideran que el partido del Presidente pudiera perder la mayoría en al menos una de las cámaras legislativas, uno esperaría un guiño de la clase política más liberal a la comunidad latina en los momentos en que necesita más de su voto.

Por la reacción de quienes ven con desconfianza la demanda interpuesta por el presidente Barack Obama, cabe pensar que su cálculo político está determinado por la consideración de que en el país la fuerza con mayor poder electoral sigue del lado conservador. Si es así, ellos son los primeros que sufrirán las consecuencias de su indecisión.