La ejecución de 18 personas ocurrida el 18 de julio en Torreón, Coahuila, fue perpetrada por reos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, Durango, que con el permiso de las autoridades carcelarias salían por las noches con armas y vehículos oficiales, según las investigaciones que hasta ahora ha realizado la Procuraduría General de la República (PGR).

De las indagatorias se ha desprendido el arraigo de cuatro funcionarios de ese reclusorio, entre ellos la directora, Margarita Rojas Rodríguez, y el subdirector, Carlos Alberto Uranga.

Tras el anuncio de la PGR, en conferencia de prensa conjunta, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, consideró que estos hechos sólo pueden llamarnos a todas las autoridades a revisar el estado de deterioro de las instituciones que viven muchos de los ámbitos de la seguridad local, como es el caso del Cereso en Gómez Palacio y la presunta complicidad de las autoridades para que los criminales, que en vez de estar tras las rejas salgan de manera impune, armados y equipados para cometer actos tan deplorables como el de la quinta Italia Inn, en Torreón.

Blake indicó que mantiene contacto con los gobernadores de Coahuila, Humberto Moreira, y de Durango, Ismael Hernández, puesto que no sólo se investigará a las autoridades del penal, sino a todas las líneas de mando que pudieran estar involucradas en las ejecuciónes.

El recuento

La madrugada del domingo 18, un comando armado irrumpió en la quinta Italia Inn, donde se realizaba una fiesta particular, en la que fueron asesinadas 18 personas y 17 resultaron heridas. Fue la tercera masacre ocurrida en Torreón. El 31 de enero, gatilleros dispararon contra clientes del bar Ferrie, donde 10 personas murieron, y el 16 de mayo un ataque similar ocurrió en el bar Juanas, donde ocho personas fueron asesinadas.

Poco antes de la intervención del secretario Blake, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, ofreció los pormenores de las investigaciones, según las cuales a un grupo de internos se le permitía salir de prisión para realizar las ejecuciones. Precisó que salían para cumplir venganzas por encargo, utilizando vehículos oficiales para su traslado y ocupando armas de los custodios para los crímenes.

Nájera dijo que “los delincuentes cumplían sus ejecuciones como parte de ajustes de cuentas contra integrantes de bandas rivales vinculadas con la delincuencia organizada. Por desgracia, en dichas ejecuciones los delincuentes también asesinaron cobardemente a civiles inocentes, para luego regresar a sus celdas”.

Explicó que en días pasados elementos de la PGR, en coordinación con las autoridades locales, ingresaron al penal de Gómez Palacio para realizar un operativo de búsqueda, y una vez concluido se determinó el uso de cuatro armas tipo AR-15 para cometer las ejecuciones. Estas armas también fueron utilizadas en los asesinatos de los bares Ferrie y Juanas.

El vocero indicó que en las indagatorias se tuvo acceso a los videos de seguridad del penal, han declarado todos los custodios y la mitad de la población penitenciaria, y a resultas de ello se ha obtenido una orden judicial de arraigo, durante 20 días, para: Margarita Rojas, directora del Cereso; Carlos Alberto Uranga, subdirector, y Roberto Enríquez Aguayo y José Guadalupe Rivas, jefes de seguridad y vigilancia.

Unas horas antes de la conferencia, Ramón Pequeño, jefe de la división antidrogas de Policía Federal, confirmó que una de las líneas de investigación apuntaba al grupo de sicarios Gente Nueva, que opera para el cártel de Sinaloa.

“La participación de sicarios de Gente Nueva forma parte de una de las líneas de investigación que se están trabajando para esclarecer esos hechos de Torreón”, precisó el funcionario.

En su edición de ayer La Jornada informó, citando fuentes de la PGR, que la masacre ocurrida el 18 de julio en Torreón habría sido obra de Gente Nueva, que inicialmente actuaba en Chihuahua contra integrantes del cártel de Juárez