La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) abrió una averiguación previa para coadyuvar con las autoridades de Nuevo León a fin de dar con el paradero de los responsables de haber inhumado 51 cuerpos de personas ejecutadas en un predio del municipio de Benito Juárez, revelaron ayer fuentes ministeriales.

Los fiscales cuentan con indicios para considerar que los cadáveres encontrados ahí tienen relación con las personas que estuvieron retenidas de manera reciente en una casa de seguridad utilizada por Los Zetas, misma que fue asegurada el pasado 9 de julio por elementos del Ejército Mexicano en la colonia Topo Chico, en Monterrey.

Esta línea de investigación cobró fuerza luego de la declaración ante la SIEDO de un secuestrado. El declarante logró ser rescatado por militares hace dos semanas en una casa de seguridad donde, según él, durante junio pasado había por lo menos unas 40 personas privadas de su libertad y a la merced de sicarios de Los Zetas.

El pasado 9 de julio, tras una balacera de casi 10 minutos, militares entraron a un taller automotriz que era utilizado como casa de seguridad por un grupo del crimen organizado y liberaron a nueve hombres secuestrados, en la colonia Topo Chico.

En ese lugar fueron detenidos ocho presuntos secuestradores, quienes, según sus víctimas, contaban con el apoyo de policías de diferentes corporaciones que, aunque se dieron cuenta de los plagios, no hicieron nada.

Los rescatados, todos hombres y dueños de comercios pequeños del área metropolitana regiomontana, estaban amontonados en un cuarto del taller automotriz, totalmente desordenado, y presentaban múltiples golpes provocados por las torturas a las que fueron sometidos, comentaron militares.

Luego de que los elementos del Ejército permitieron el acceso de los medios de comunicación, algunas de las víctimas relataron que esa semana había 40 personas, pero que algunas fueron cambiadas a otro lugar.

Anoche concluyeron los trabajos de rescate de cadáveres.