La confrontación entre la autoridad electoral y el gobierno federal registrada la semana pasada, debido al señalamiento del Instituto Federal Electoral (IFE) contra el presidente Felipe Calderón por haber incidido en la equidad de las elecciones locales, ha sido una constante en la relación de ambas partes desde que Acción Nacional está en el gobierno. El amago del IFE de promover una controversia constitucional contra el Ejecutivo en 2003 y la abierta injerencia de Vicente Fox en 2006 son los antecedentes.

Aunque esto se ha acentuado en la gestión panista, para el consejero electoral Virgilio Andrade los diferendos también incluyen a los gobiernos priístas, porque la injerencia de los gobernantes en las elecciones no da confianza a los partidos, independientemente del signo político de quien tenga el gobierno o esté en la oposición, por lo que debe evitarse, no sólo por el Ejecutivo federal, sino también por gobernadores y alcaldes para preservar condiciones equitativas.

En México, la figura presidencial es emblemática; de ahí el recelo de los partidos al activismo del Ejecutivo, pues históricamente, en el sistema electoral mexicano, la participación del presidente no es aceptada por la oposición, ya que genera condiciones de polarización innecesarias. No han sido Calderón y Vicente Fox los únicos mandatarios cuestionados por su activismo electoral, pues también lo fueron en su momento los priístas Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

Al referirse a la consideración del Consejo General del IFE de que Calderón era responsable de difundir propaganda en tiempos prohibidos –y al anuncio gubernamental de que apelaría de la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación–, Andrade reconoció que es la ocasión en que se ha ido más lejos en las diferencias, pero hay una historia que data desde 1994, en que el IFE ha tenido que limitar la promoción de obras y acotar la actuación presidencial, como sucedió en 2006 con el llamado acuerdo de neutralidad.

Advirtió que el desencuentro actual es normal en un sistema democrático y destacó que el PAN ha sido proclive a la libertad de expresión de los mandatarios, que para la oposición puede calificarse de injerencia inaceptable. Por ello, no son extrañas las descalificaciones del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil, quien antes, como representante del PAN ante el IFE, mantuvo esa postura en el consejo general.

Historia de desencuentros

Bajo los gobiernos panistas la confrontación con el IFE ha sido más ríspida y recurrente. Un primer desencuentro ocurrió en 2003, cuando, bajo la gestión del consejero presidente José Woldenberg, la pretensión foxista de arrogarse una campaña de promoción del voto –denunciada entonces por la oposición como sesgada– tensó las relaciones con el IFE, que amagó con promover una controversia constitucional para reivindicar la exclusividad del organismo para promover el voto.

Ése fue el principio de la manifiesta injerencia foxista en las elecciones, pues en 2006, precedida por el desafuero a Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo lanzó una agresiva campaña promocional que suscitó una controversia de legisladores ante la Suprema Corte de Justicia. El resultado: se ordenó retirar del aire dicha campana.

En ese contexto, la emisión de un acuerdo de neutralidad del IFE tampoco inhibió las recurrentes alusiones de Fox a las elecciones, al punto de que en el debate sobre la calificación presidencial los magistrados hicieron alusión expresa a los riesgos en que la participación de Fox puso a la elección.

Bajo esta administración, tras la derrota en las elecciones intermedias, Calderón estuvo más activo electoralmente, al grado de que el PRI promovió diversos recursos en su contra, incluido el interpuesto contra el mensaje presidencial sobre seguridad pública emitido en cadena nacional. Imposibilitado de sancionarlo por restricciones legales, el IFE sólo señaló que Calderón había incurrido en la ilegalidad, lo cual abrió un nuevo capitulo en las diferencias IFE-gobierno en la era panista.