Washington, 25 de julio. Vigilias, protestas, boicots económicos de otros estados y todos los ojos puestos en la decisión que pueda tomar un juez. Tras meses situada en el centro del cada vez más encendido debate migratorio en Estados Unidos, Arizona entra este lunes en su semana más crucial.

Si no lo evita una decisión judicial de última hora, el próximo jueves una de las leyes más controvertidas del país en los últimos tiempos, la SB1070, podría entrar en vigor.

Desde que la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, estampara su firma en la normativa, el 29 de abril, no han cesado las protestas nacionales e internacionales que tildan a la ley de racista y afirman que ya ha provocado el éxodo de cientos de latinos del estado, según organizaciones civiles.

Frente a ellas, una gran mayoría en Arizona –hasta 60 por ciento, según las encuestas– e incluso en buena parte de Estados Unidos apoya una ley que considera una reacción al fracaso del gobierno federal en regular la situación de más de 11 millones de indocumentados en el país, cuestión que, con una crisis económica todavía rampante, vuelve a agitar pasiones.

Desde que la juez Susan Bolton inició hace dos semanas las audiencias de la más de media docena de demandas que se han interpuesto contra la controvertida normativa –una del propio gobierno estadunidense–, todas las cábalas se centran en qué decidirá la magistrada, a la que le ha caído uno de los casos políticamente más explosivos de tiempos recientes.

Varios de los demandantes han solicitado una suspensión temporal de la ley hasta que la juez decida sobre las cuestiones de fondo de sus alegatos, que van desde la acusación de discriminación racial hasta el derecho preminente de la ley federal sobre la estatal que garantiza la Constitución, la cual es violada, consideran, por la SB1070.

Los expertos coinciden en que la juez podría anunciar una decisión a comienzos de la semana, si bien nadie acierta a vaticinar si Bolton ordenará detener totalmente la ley o sólo partes de la misma, o permitirá su completa entrada en vigor.

Todo apunta a que (la juez) va a conceder parcialmente la suspensión temporal de la ley, dijo a Dpa Jack Chin, profesor de derecho en la Universidad de Arizona, quien ha seguido de cerca el caso.

Sabedores de que aún no hay ninguna batalla ganada, aquellos –sobre todo latinos, pero también nativos– que se oponen a la SB1070 aseguran que continuarán sus protestas hasta el último día.

Se planea mantener protestas activas frente al tribunal, aseguró Nicole Torres, portavoz de la organización Promise Arizona (PAZ), que surgió a raíz de las movilizaciones contra la ley.

También se mantiene la vigila; el jueves será el día 105 (de la protesta) y habrá gente de la mañana a la noche, adelantó en referencia al grupo que desde antes incluso de que se firmara la ley ha mantenido una protesta pacífica ante el Capitolio local.

En entrevista con la cadena Fox, la gobernadora aseguró que la página web que creó para recaudar fondos con los cuales pagar la defensa ante los tribunales de su ley (http://keepazsafe.com) logró reunir ya 1.3 millones de dólares donados por personas de todos los estados, incluido Puerto Rico.

El que también confía en el éxito de la normativa es el mediático sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien anunció que su Tent City, la prisión hecha con tiendas de campaña y donde llevan a los indocumentados detenidos por su oficina, ha inaugurado un nuevo espacio, la sección 1070, para que nunca exista la excusa de que esa cárcel no tiene espacio suficiente.