La Paz, 26 de julio. La fiscalía de distrito en el departamento del Beni, ubicado en la Amazonia boliviana, imputó formalmente al gobernador Ernesto Suárez –opositor de derecha– por la presunta malversación de recursos públicos, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Esta acusación es resultado de que Suárez, entonces prefecto y actual gobernador, y los entonces integrantes del consejo departamental, convocaron, administraron y ejecutaron un referéndo –calificado de ilegal por el gobierno del presidente boliviano Evo Morales– sobre el estatuto autonómico departamental en junio de 2008, en el que se gastaron 3.3 millones de bolivianos –unos 477 mil dólares– de los recursos públicos destinados a la región, según la red radiofónica Erbol.

Suárez Sattori solicitó licencia a la asamblea legislativa departamental, el pasado 14 de julio, para ausentarse de su despacho durante 15 días, para viajar a Estados Unidos y recibir un tratamiento médico. Dirigentes benianos del oficialista Movimiento al Socialismo declararon entonces que ojalá el gobernador Suárez no esté huyendo del país ante los procesos en curso en su contra.

Denuncias por acusaciones similares han sido presentadas contra los entonces prefectos derechistas –ahora gobernadores– de Santa Cruz, Rubén Costas y de Tarija, Mario Cossío, así como de Leopoldo Fernández, este último preso en la cárcel de San Pedro, en esta ciudad, acusado de haber participado en la masacre de Pando.

Según los argumentos del Ministerio Público, no solamente los acusados destinaron recursos económicos distintos a los prestablecidos y programados en la gestión 2008, sino que ni siquiera estuvieron pre- supuestados. No tenían atribución ni facultad legal ni constitucional para elaborar, aprobar y dictar. Es irrefutable e incuestionable el daño al Estado boliviano, reportó a su vez la estatal Agencia Boliviana de Información.