n el marco de la acelerada reducción de derechos y garantías a que han llevado la militarización del país y la instauración activa del poder del narcotráfico, el periodismo ha sido, de manera natural, una de las primeras víctimas. En la virtual abdicación institucional que vive el país, la gran mayoría de los periodistas, sobre todo los de a pie, y en especial los de entidades distintas del Distrito Federal, han sido sometidos, por la fuerza de las amenazas sabidamente cumplidas con crueldad ejemplar, a un ejercicio profesional diluido, superficial y necesariamente apegado a las limitadas versiones oficiales o, cuando mucho, a los genéricos indicios inocultables de los hechos que presencian o conocen y que estén relacionados con la criminalidad que se reconoce abiertamente como tal y con el entramado político y económico que da sustento y protección a las acciones de los narcotraficantes. Sabido es que muchos diarios y revistas han decidido no firmar los trabajos especiales sobre narcotráfico y que otros mantienen una reserva extrema en el tratamiento de esos temas.

La función periodística, que es de interés público, no ha sido protegida –como no lo ha sido el resto de la población y los oficios o profesiones– por los gobiernos federal y estatales, infiltrados y dominados como están muchos de estos aparatos por el poder del narcotráfico. El calderonismo ha demostrado su absoluto desdén por el daño al periodismo al mantener en la procuraduría federal de justicia a personajes grises y sin fuerza como fiscales especiales para atender las denuncias que algunos ingenuos se atrevieran a presentar en esas peligrosas coladeras informativas que por lo demás no sirven de nada. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos se vive una situación parecida, aun cuando en términos generales hay más atención y seguimiento a los casos presentados, aunque finalmente los resultados sean también menores o nulos.

Precisamente ayer la CNDH ha expresado su absoluta indignación por el secuestro (levantones, les llaman a esas retenciones forzosas sin ánimo de pedir rescate) de cuatro reporteros que laboran para empresas periodísticas con sede en Gómez Palacio, Durango. El incendio político y social que vive esta entidad se inscribe, como en otros casos, en la ruta de las desavenencias electorales y partidistas, esta vez como producto del forcejeo entre el denso poder local, ejercido por el complaciente Ismael Hernández Deras, quien impuso a un propio como sucesor en el negocio regional, y el intento calderonista, a través de alianzas encabezadas por PAN y PRD, de instalar a un flamante ex priísta como alternativa gerencial. En la guerra de poderes que hoy se vive en Durango, la procuraduría federal ha develado que reos de una cárcel duranguense salían por las noches en vehículos y con armas oficiales a cumplir encargos como la masacre reciente en Torreón, Coahuila. Obviamente, las revelaciones del gobierno federal panista son usadas de inmediato por los dirigentes del partido blanco y azul para exigir la destitución del mandatario priísta que impuso localmente sucesor y pelea para impedir que una resolución del tribunal federal tumbe a su guardaespaldas político designado.

En esos explosivos batidillos político-delincuenciales (Durango, pero en realidad en todo el país), los periodistas han sido llevados a niveles cada vez más peligrosos de exposición y riesgo. Cubrir información pública, dar contexto a las notas, preguntar de más, incomodar o molestar a un declarante, publicar más allá de los límites sabidos, puede significar, en todo el país, la recepción de llamadas telefónicas amenazantes, la expresión directa de esos amagos, golpes, maltratos e insultos y, en casos extremos, el secuestro y el asesinato. Pero también comienza a usarse a los periodistas como rehenes o como obligadas cajas de resonancia. Así como en Ciudad Juárez apareció el nuevo grado de la guerra con el narcotráfico con el coche-bomba que se suma a otros actos de terrorismo, en Durango los reporteros podrían haber subido a otro escalón del horror. La agencia Efe, por ejemplo, difundió que “versiones periodísticas señalaron que los captores exigieron para liberar a los informadores que medios locales reprodujeran unos videos donde unos supuestos agentes federales confiesan que trabajaban para el cártel de las drogas de Los Zetas”. Periodismo rehén, pero no sólo en Durango (ayer mismo se informó que en Cuernavaca fue arrojada una bomba de humo contra la casa del director de un diario local). En todo el país, sobre todo entre quienes reportean directamente, se pasea el fantasma de la amenaza, la impunidad y la autocensura. La República del Miedo no tiene periodismo suficiente (las excepciones están a la vista) para informarse, discutir y analizar. Todos somos rehenes.

Astillas

Apuntes sobre la reapertura mediática del caso Diego: 1) La fotografía publicada ayer en primera plana de la mayoría de los diarios editados en la capital del país sólo da prueba de vida al 23 de mayo, fecha de la revista que muestra en la imagen. Que los familiares del secuestrado confirmen por sí mismos que el queretano está vivo es otra historia, pero la foto, en sí, en estricto sentido periodístico, no da testimonio de ello a esta fecha. Y, 2) No hay ninguna demostración de que fotografías, carta y comunicado hayan sido difundidos realmente por los secuestradores. El reportero Alfredo Méndez mencionó ayer en La Jornada que en la PGR le dijeron que Antonio Lozano Gracia había entregado a Arturo Chávez Chávez el original de la carta entre el 15 y el 19 de junio. La PGR se constituye así en una posibilidad de filtración, con intenciones políticas distintas a las de los plagiarios… Fichan a más de medio millón de niños en Sonora: el gobernador Guillermo Padrés anunció que organiza una base amplia de huellas para cualquier investigación o delito; nos van a proporcionar su peso y estatura, así vamos a poder monitorear a lo largo de su vida el problema sobre obesidad infantil para tener claro su crecimiento ...¡Hasta mañana!

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