La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, manifestó que no sólo en Guanajuato, sino en al menos 17 entidades más –donde hubo reformas para prohibir el aborto–, hay una criminalización de las mujeres.

Es lamentable. Esta criminalización se da pese a que abortan sin que ellas lo decidan (al tratarse de sucesos espontáneos); la postura del instituto es que no tienen por qué ser penalizadas, enfatizó.

En su opinión, la decisión de encarcelar a las mujeres que abortan es el reflejo de que existe la intención de controlar al género.

Respecto a las detenciones en Guanajuato por aborto espontáneo, circunstancia que el gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva, negó la víspera, García Gaytán afirmó que el instituto que dirige, junto con la asociación civil Las Libres, se encarga de documentar los casos de unas 15 mujeres en prisión.

Las Libres documenta los casos y esto nos permite darle un seguimiento; sabemos que 15 mujeres están detenidas. A nueve de ellas les dieron la pena máxima, que es por el aborto, de nueve años, y hay otro delito que es en relación de parentesco, el cual es de 29 años.

Reiteró que la postura del Inmujeres es la de no permitir la penalización de género. Conozco lo que pasa en Guanajuato, en donde una mujer recientemente fue liberada por decisión de un magistrado. En el instituto seguiremos trabajando en el sentido de que ninguna sea penalizada por abortar.

Lamentó la falta de condiciones para modificar las leyes en las entidades donde se penaliza el aborto (Campeche, Durango, Nayarit, estado de México, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y otros), por lo que una de las líneas de trabajo será dar seguimiento a las reclusas por los motivos referidos.

Comentó que el problema se ha llevado a las reuniones que sostiene con autoridades de los estados de la República; sobre todo con los directores de los institutos. Lo preocupante es que las decisiones en los procesos son tomadas por hombres.

Manifestó que estaría abierta a sostener un encuentro con la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, para evaluar la situación de las mujeres encarceladas por aborto.

Retan a mandatario estatal

En tanto, Las Libres aceptó el reto del gobernador Oliva de demostrar que hay seis mujeres encarceladas por abortar, pero sentenciadas por homicidio en razón de parentesco.

La organización solicitó una cita al mandatario panista para analizar los expedientes de las mujeres que purgan sentencias de hasta 29 años de cárcel y se sensibilice, y como un acto de justicia, las indulte.

Oliva negó, el martes anterior, que existan mujeres encarceladas por abortar y acusadas de homicidio, incluso, retó a que demuestren esos dichos.

Que nos dé una audiencia y sobre todo él (que) es el más interesado en aclarar esto; nosotras le vamos a proporcionar todos los datos porque seguramente no los tiene. Hablaremos con estas mujeres para que él las escuche de su propia voz, pidió la directora de la agrupación, Verónica Cruz Sánchez.

Una prueba contundente, refirió, es el caso de Alma Yareli Salazar Saldaña, de quien lograron su liberación tras ser sentenciada a 27 años y seis meses de cárcel, acusada de asesinar a un hijo en razón de parentesco.