na semana después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, y aún sin concretar un acuerdo entre las partes en conflicto, concluyó ayer en Quito, Ecuador, la reunión extraordinaria de cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), convocada a petición del gobierno de Caracas. Al final del encuentro, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño –cuyo país ocupa la presidencia pro tempore de la Unasur– indicó que la problemática requiere de gestiones al más alto nivel para su solución y llamó, en consecuencia, a la realización de un encuentro entre los jefes de Estado miembros de ese bloque regional.

El resultado del cónclave que se realizó en la capital ecuatoriana, aunque lamentable, no es sorpresivo: desde su llegada a Quito, el canciller colombiano Jaime Bermúdez declaró que asistía a la cita de la Unasur sin mayores expectativas y señaló que sólo esperaba ver cómo se desenvuelve la reunión. En esa misma tónica, el gobierno de Bogotá rechazó, en horas previas a la realización de la cumbre, una propuesta de plan de paz elaborado por el gobierno venezolano, que había sido interpretado por diversos analistas como un gesto de distensión y de buena voluntad.

El contexto ineludible de esta incapacidad para lograr consensos y reducir las tensiones diplomáticas entre ambas naciones es la cerrazón y la hostilidad del saliente gobierno encabezado por Álvaro Uribe Vélez, el cual pareciera empeñado en heredar a su sucesor un conflicto agravado con Venezuela y dejar, de paso, una diplomacia regional lesionada.

En los hechos, el espíritu de confrontación de Uribe trascendió el ámbito de Venezuela y Ecuador, que habían sido hasta ahora los principales blancos de sus ataques verbales: ayer mismo, en un comunicado, el gobierno de Bogotá deploró la postura expresada la víspera por el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, quien sostuvo que la situación que viven Colombia y Venezuela se reduce a un conflicto verbal, y dijo que habría que esperar con paciencia a la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos –el próximo 7 de agosto– para solucionar el diferendo entre ambos países.

Conflicto verbal o no, lo cierto es que en la circunstancia presente la salida de Álvaro Uribe del Palacio de Nariño parece un paso necesario para aminorar las tensiones entre Caracas y Bogotá, y, en ese sentido, la postura del gobierno brasileño reviste sensatez, a pesar de que muy probablemente con Juan Manuel Santos se mantendrán las políticas del gobierno de Uribe, en lo interno y en lo externo, y aunque es previsible la continuidad del alineamiento de Bogotá con las directrices de la Casa Blanca y el Pentágono, el cambio de gobierno en Colombia plantea una oportunidad para superar la presente crisis diplomática en la región andina, y cabe esperar que el entrante mandatario tenga la altura de miras necesaria para darse cuenta de ello y actuar en consecuencia.