El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, se reunió el miércoles pasado con un grupo de legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión, a quienes explicó la propuesta presentada por este gremio en la mesa de diálogo de alto nivel con el gobierno federal.

De acuerdo con la versión del líder sindical, hecha pública ayer durante una conferencia de prensa que presenciaron cientos de sus compañeros, existe un acuerdo de todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Acción Nacional (PAN), para ampliar o modificar el presupuesto a fin de que haya recursos que permitan la reinserción laboral de los casi 17 mil trabajadores que no han aceptado su pago de liquidación. A casi 10 meses de la extinción, por decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro, se han acogido a la oferta gubernamental para recibir su finiquito por renuncia voluntaria poco más de 26 mil trabajadores, de una plantilla original de 44 mil.

La semana pasada el SME, encabezado por Esparza, y la Secretaría de Gobernación alcanzaron un acuerdo con base en el cual se levantó la huelga de hambre colectiva en el Zócalo y este gremio pretende que se instale una estructura para el suministro de energía eléctrica en la zona central del país operada por los cerca de 17 mil trabajadores que se mantienen en resistencia. Reiteró que el golpe al SME tiene origen en los intereses empresariales que buscan explotar la red eléctrica para introducir servicios de fibra óptica.

Detalló el plan de acción para los próximos días y ratificó que si no prospera con acuerdos concretos la mesa en Gobernación, retomarán la movilización en las calles, aunque este jueves ya no ofreció detalles de las acciones que realizarían en el aeropuerto de la ciudad de México. En un boletín emitido la víspera, el SME desmintió que su intención sea tomar la terminal aérea. De manera alterna, el SME continuará con demandas penales y laborales de un presunto fraude a las arcas sindicales por 520 millones de pesos.

La próxima sesión de la mesa de diálogo se llevará a cabo la semana entrante y, mientras tanto, afinan las propuestas de generación de una empresa pública para la zona centro y ratificó que existe un compromiso del secretario de Gobernación, Francisco Blake, para avanzar en la solución del conflicto. Esparza no precisó el nombre de los legisladores con los que se reunió el miércoles, durante una cita celebrada en el Senado de la República, pero insistió en que incluso un diputado del PAN, muy buen abogado, por cierto reconoció que no procede la quiebra de una empresa pública, porque ello representaría la quiebra del propio Estado.