Legisladores federales de PRI, PAN y PT rechazaron la construcción de la supervía poniente al calificarla de obra pública ilegal, que viola el derecho de los ciudadanos a ser informados del monto de recursos públicos a invertirse y provocará un brutal impacto ambiental.

La diputada petista Laura Itzel Castillo, los panistas María de la Paz Quiñones y Agustín Castilla, y la senadora priísta María de los Ángeles Moreno acusaron al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, de incumplir la normatividad y negarse a informar y entablar un diálogo con los vecinos de las delegaciones afectadas en torno a los alcances y beneficios de la obra en cuestión.

Castillo Juárez emplazó al gobierno capitalino a emprender el diálogo con los habitantes de la zona, porque tan sólo son más de 50 hectáreas de suelo de conservación y zonas de recarga de mantos acuíferos que se están dañando en colonias como Cerro del Judío, El Estanque, La Malinche, Cuauhtémoc, San Jerónimo Lídice y Lomas Quebradas.

Moreno Uriegas –considerada como aspirante a la jefatura de gobierno capitalino– recriminó a la administración de Ebrard porque persisten temas de atención como el agua, drenaje, salud, educación y seguridad, se necesitan más obras para los seres humanos, para poder caminar, para sentirnos seguros y que haya menos decisiones unilaterales o decisiones parciales que la comunidad no conoce en su destino ni en su inicio.

También el presidente del PAN-DF, Obdulio Ávila Mayo, instó al mandatario capitalino a dialogar con la gente que se opone a la construcción de la supervía y no simular que hay atención vecinal sobre este asunto recibiendo sólo a quienes tienen una opinión favorable al proyecto.

En reunión con vecinos de la colonia Constitución de 1917, en Iztapalapa, el dirigente panista se refirió al tema al afirmar que no es con la construcción de súper vialidades como se resolverán los problemas de congestionamiento vehicular en la ciudad, sino desarrollando proyectos de transporte articulado masivo.