a Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mutilar (de 25 a 10 salarios mínimos) el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores que cotizan bajo el régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, de tal suerte que alrededor de un millón 200 mil próximos a jubilarse han sido asaltados con el mayor descaro, tomando como base un pleito judicial promovido por el propio IMSS (es decir la institución del Estado mexicano encargada, por ley, de proteger los derechos de –entre otros– los jubilados y pensionados del país) y utilizando la tesis presentada por el ministro Sergio Valls, ex director jurídico del mismo instituto, con el voto mayoritario de sus colegas.

Con extrema lentitud y los dedos en la puerta, como ya es costumbre, el director general del IMSS, Daniel Karam, ha salido a explicar de qué se trata la decisión de la tremenda corte, aunque para ello se haya tomado una larga semana tras la denuncia que sobre el particular hizo pública La Jornada el pasado 22 de julio. Ayer este triste personaje aseguró que el instituto siempre actuará de acuerdo con lo que establece la ley, por mucho que la misma ley que dice acatar señala explícitamente que el límite superior para fijar las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores es de 25 salarios mínimos.

¿Qué vueltas tenía que darle el lerdo señor Karam a la ley que dice respetar? ¿Qué interpretaciones a una legislación más clara que el agua? Dada su inquebrantable fe en las leyes vigentes, según dice, ¿por qué recurrió a desenterrar artículos derogados para mutilar, en lo oscurito y en contubernio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de los trabajadores a una jubilación o pensión digna? Que no le digan, que no le cuenten. Se trata del mismo personaje tragicómico que poco más de un año atrás aseguraba que la Guardería ABC de Hermosillo cumplía con los lineamientos en materia de seguridad, que contaba con salidas de emergencia y que la estancia infantil aparentemente está dentro de lo que señala la normatividad correspondiente. El mismo que prometió un rotundo no a la impunidad por el incendio en aquel local de la capital sonorense, y el mismo, en fin, que la propia SCJN descaradamente exoneró, junto a Juan Molinar Horcasitas y demás arpías relacionadas con el caso, de cualquier responsabilidad en el incendio en que murieron 49 niños y más de 70 resultaron gravemente lesionados.

El lerdo cuan desacreditado Daniel Karam (que ya le debe dos a los ya tristemente célebre ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) tomó el micrófono para decir que aunque se ha generado mucha inquietud al respecto, los pensionados pueden estar seguros que en ningún momento está en riesgo su pensión, ni hoy ni después; esto es bien importante señalarlo, que tengan la tranquilidad los pensionados que hoy reciben su pensión que la seguirán cobrando en los términos, con la cuantía, el próximo lunes, en los meses que vienen y en los años subsecuentes (porque) no hay ningún aspecto de retroactividad en ningún escenario.

Nada dijo, eso sí, sobre el futuro de los trabajadores por pensionarse, porque “no quisiera pronunciarme en este momento hasta que no tengamos todos los elementos para poder emitir un mensaje con respecto a este tema en particular… el IMSS está analizando con mucho detenimiento la implicaciones que tendrá (la decisión de la SCJN), insisto, en su caso, para los nuevos jubilados”. Nada explicó sobre el punto que precisamente ha generado no sólo mucha inquietud, sino profunda indignación. Nada detalló sobre el punto toral de la nueva maniobra calderonista (como antes foxista y zedillista) en contra del ahorro de los trabajadores y su derecho a una pensión digna, tras muchos años de trabajo. Nada. ¿A qué salió, entonces, a dar una conferencia?

El gobierno calderonista, con Karam de pantalla, puede aducir razones de crisis en las finanzas del Seguro Social, y decir que no hay con qué cubrir las pensiones. Pero el manejo de tales finanzas no es responsabilidad de los trabajadores, tampoco los nefastos resultados. Tal crisis pretende achacársele a las pensiones, cuando es obvio que (independientemente de los malos manejos, de la profunda corrupción, de los acuerdos en lo oscurito con la patronal, de los ya famosos convenios que cancelan adeudos de acuerdo con el tamaño del padrino que se tenga), que ha crecido y se ha profundizado por la enclenque respuesta económica y las propias prácticas laborales en el país, que han privilegiado la informalidad, y, en los últimos años, el llamado outsourcing para evadir el pago de las cuotas que por ley le toca a la parte patronal.

Por ejemplo, alrededor de cien mil trabajadores de la banca no existen para efectos del IMSS, porque los barones del dinero los han sacado de la nómina institucional para ahorrarse tales cuotas. Y como este caso, miles a lo largo y ancho de la República. Pero el instituto en esto no se fija. Por si fuera poco, al gobierno federal en lugar de inyectarle recursos, como es su obligación legal, le ha dado por darle pellizcos a las finanzas del instituto y destinarlos a otras actividades.

A estas alturas del partido, si fuera atendida la demanda real de empleo formal, el IMSS debería tener registrados a cuando menos 25 millones de trabajadores, sino es que a 30. Pero el inventario no pasa de 14 millones (eventuales incluidos), de tal suerte que existe una espeluznante evasión por la parte patronal con el consentimiento del propio instituto y demás instancias de gobierno, como algunos le llaman. ¿Con 10 o 15 millones de cuotas adicionales, en dónde estarían las finanzas del instituto hoy en crisis? ¿En dónde las reservas para financiar pensiones y jubilaciones? ¿En dónde la calidad y alcance de la seguridad social en el país? No sólo habría viabilidad financiera, sino excedentes.

Lo cierto es que el objetivo sigue siendo cancelar los derechos sociales de los trabajadores, que se rasquen cómo y dónde puedan. En el centro de la atención está el uso del ahorro de los cotizantes. Desde tiempos de Zedillo, con las modificaciones a la ley del IMSS y la creación de las Afore, el objetivo es deshacerse de la para ellos incómoda obligación constitucional de garantizar un México digno para el grueso de su población.

Las rebanadas del pastel

¿Qué el IMSS no tiene dinero? Entonces, que el gobierno federal recurra a las reservas internacionales, y no al ahorro de los trabajadores. ¿Qué no nos volverían a saquear?

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