La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, consideró ayer que será largo el procedimiento para desahogar las demandas e impugnaciones relacionadas con la ley de Arizona SB 1070. Es difícil decir qué tan largo, pero no será un proceso en el que podamos ver una definición final sobre la constitucionalidad de la ley en unas semanas, puntualizó.

En conferencia de prensa, señaló que el tema puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pues las partes interesadas seguramente recurrirán a las distintas instancias judiciales que existen.

La funcionaria también se refirió al cierre indefinido del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y dijo que se trata de una decisión que compete exclusivamente al gobierno de ese país, aunque se da en un contexto en el que las administraciones Obama y Calderón se mantienen atentas a las medidas de seguridad en la zona. Resaltó además que en la ciudad fronteriza los dos gobiernos han fortalecido de manera significativa la cooperación.

En la conferencia estuvo el ministro de Relaciones Exteriores de China, Yang Jiechi, quien por su lado manifestó haber tomado nota de que no pocos países han mostrado sus preocupaciones sobre la ley de Arizona ante la administración de Estados Unidos.

Añadió que esta cuestión debe merecer de la administración estadunidense una alta importancia y manifestó su esperanza de que se registre una solución adecuada al problema.

La ley de Arizona SB 1070 entró en vigor en el primer minuto del jueves pasado sin las partes más polémicas debido a que una juez de distrito decidió suspender de manera temporal su aplicación. El gobierno de esa entidad decidió apelar la medida, por lo que ahora no sólo se deberá esperar el fallo que emita la autoridad judicial en torno a las siete demandas presentadas contra la legislación, sino también la determinación que se tome sobre la impugnación.

Esta norma da facultades a las policías locales para que detengan a cualquier persona que sospechen es indocumentada.

Por otra parte, Víctor René Rodríguez Gómez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), condenó la postura egoísta e irresponsable de unos pocos grupos de poder que con leyes como la SB 1070 buscan perjudicar y hundir en la más espantosa miseria a incontables familias que con enormes sacrificios lo han arriesgado todo en busca de una vida mejor y de un porvenir de bienestar y justicia para sus hijos en territorio estadunidense.

Añadió que los obispos de México recibieron con profundo dolor la entrada en vigor de la ley migratoria SB 1070 que enarbola el gobierno de Arizona, pese a que la versión que se aplica no comtempla todos los aspectos con los que fue aprobada por ese estado.

El vocero de la CEM aseveró que todos los obispos, sacerdotes y religiosos de México, en comunión con nuestro pueblo queremos solidarizarnos en este momento de profundo sufrimiento que experimentan nuestros compatriotas y en general nuestros hermanos latinoamericanos residentes en Arizona.

Rodríguez Gómez dijo que los obispos oran para que Dios mueva los corazones de todas las personas que por desconocer al padre de todos no han podido descubrir la fraternidad, la tolerancia y la misericordia y promueven leyes como la señalada.

Precisó que ante la posibilidad de que algunos connacionales se vena orillados a regresar a México, la CEM hace un llamado a las autoridades, a las familias mexicanas y a todas las parroquias del país, que a través de la pastoral social, los reciban con especial cordialidad y caridad.