La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJN) –en la que se reduce el nivel máximo para el cálculo de pensiones a trabajadores del sector privado– deja la percepción de que en busca de una solución a la insuficiencia financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las autoridades intentan obtener recursos de donde sea, aun cuando los más afectados sean los trabajadores, sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Agregó que de ser cierta la resolución del máximo tribunal, el impacto sobre los ingresos de los pensionados y los que se pensionarán en el futuro bajo el mecanismo de reparto sería significativo e iría contra el objetivo de brindar un retiro digno para los asegurados, mejorar el bienestar de la población y reducir los niveles de pobreza.

En su análisis semanal, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el planteamiento de elevar las cuotas obrero patronales para aliviar su situación financiera, confirma la urgencia de recursos por parte del Instituto.

Criticó que en el tema de las pensiones los más afectados serán los trabajadores del sector privado, pues los que laboran para el IMSS u otras instituciones públicas cuentan con otro tipo de contratos que les aseguran prestaciones excesivas.

Explicó que mientras en la mayoría de los casos los trabajadores del instituto reciben pensiones superiores al ciento por ciento de lo que ganaban cuando estaban en activo, muchos de los demás trabajadores formales de la economía sólo logran tener una pensión suficiente para subsistir.

Además, cuestionó que respecto al régimen de pensiones del IMSS y otros organismos públicos no se han intentado realizar modificaciones, lo que provocará que quienes laboran en dichas instituciones se seguirán pensionando por antigüedad y con ingresos por arriba de cualquier otro trabajador formal del país.

El costo de mantener este régimen seguirá siendo considerablemente elevado, consideró.

Según el análisis actuarial del IMSS, en los últimos 10 años su pasivo laboral ha crecido a una tasa promedio anual de 20.8 por ciento, pasando de 196 mil millones de pesos en 1999 a un millón 291 mil 693 millones en 2009.

Finalmente, el centro de estudios sostuvo que la información ofrecida sobre el tema de las pensiones ha generado gran confusión sin que ninguna autoridad aclare con detalle tal resolución.

No hay que olvidar que la transparencia es uno de los elementos más relevantes en al búsqueda de elevar la competitividad del país, recordó.

La falta de certeza jurídica, sostuvo, incide negativamente en la confianza de los inversionistas, que finalmente se puede reflejar en menores flujos de inversión productiva y por lo tanto en un menor impulso para el crecimiento.