La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados impulsa una reforma para sancionar con multas de hasta 3 mil salarios mínimos a instituciones financieras que utilicen los servicios de despachos de abogados y cobranza que desarrollen su gestión de manera indebida, amenacen u hostiguen por teléfono y por escrito a deudores.

Las reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que se analizan en comisiones de San Lázaro, buscan frenar el abuso y hostigamiento a que son sometidos más de 1 millón 800 mil deudores de la banca, que diariamente son presa de estas prácticas, aun cuando el Banco de México ya puso límites al cobro de comisiones a los bancos.

En la iniciativa se argumenta que, debido a la crisis económica, muchos usuarios de tarjeta de crédito han tenido que recurrir cada vez más a este instrumento, propiciando que hoy día la cartera vencida se haya incrementado de manera considerable.

Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) del 24 de febrero de 2010 a la fecha la cartera vencida de las tarjetas de crédito ascendía a 31 mil millones de pesos; esta situación afecta ya a un millón 800 mil personas.

Dicho organismo presentó un registro de más de 7 mil quejas contra instituciones bancarias, siendo el de tarjetas de crédito el rubro que más denuncias acumula. Datos de la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la morosidad aumentó de 1.5 a 3.5 por ciento del total de la cartera de crédito entre enero de 2008 y el mismo mes de 2009.

Señala que la acumulación de intereses y el alto costo por pago de comisiones ha ocasionado que los deudores ya no puedan pagar sus obligaciones, propiciando que, con el propósito de concretar el cobro, las instituciones contraten despachos de abogados o empresas de cobranza, que desarrollan su gestión contra el deudor con amenazas, hostigamiento telefónico y por escrito.

Sostiene que en algunos casos se ha llegado incluso a la agresión física. La misma Condusef admite que la mayoría de las quejas están motivadas por hostigamiento y cobro de tarjetas que no fueron solicitadas. Se propone una sanción, que va de una multa de 500 a 3 mil días de salario mínimo a las instituciones financieras que utilicen estos métodos y a las empresas y despachos de abogados que observen esas conductas.

El documento aclara que sólo se sancionará en caso de que el deudor manifieste haber incurrido en insolvencia por causas no imputables a su persona, de manera posterior al otorgamiento del crédito y que demuestre dichas circunstancias.

También plantea multas de 300 a 2 mil 500 salarios mínimos a instituciones financieras que no tengan una unidad especializada en cada municipio. Lo anterior, debido a que la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 50 bis, asienta que es obligación de las instituciones financieras informar, mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales la ubicación, horario de atención y responsables de la unidad especializada encargada de la recepción de quejas o reclamaciones de los usuarios del sistema financiero.

Sin embargo, en la práctica dicha obligación no se cumple, quedando los usuarios en indefensión, por lo que es necesario que la Condusef garantice el cumplimiento de dicha obligación y se propone esa sanción ante el eventual incumplimiento.

Dichas unidades, señala la modificación, contarán con personal en cada uno de los municipios en que la institución financiera tenga sucursales u oficinas y que la Condusef vigilará, de oficio, el cumplimiento de dicha obligación.