De las 103 quejas que los partidos interpusieron ante el Instituto Federal Electoral (IFE) en los pasados comicios locales, cerca de 60 por ciento se resolvió o está por desahogarse  después de que se celebraron las elecciones. Esto, a pesar de la aplicación de medidas cautelares en algunos casos, afectó la equidad de las contiendas, sostuvo el consejero electoral Marco Antonio Gómez Alcántar.

Si la autoridad es incapaz de resolver todas o la enorme mayoría de las inconformidades antes de la jornada electoral, la eficacia del arbitraje es prácticamente nula, advirtió el consejero. Esta experiencia debe alertar al instituto para replantear su actuación, pues podría convertirse en un grave riesgo para los comicios presidenciales.

Entrevistado sobre el desempeño del IFE en materia de quejas, Gómez Alcántar lamentó que sólo en una pequeña proporción se haya resuelto en los plazos fijados para los procedimientos especiales sancionadores, es decir, cinco días.

–¿Es un problema de complicaciones para aplicar la ley o de funcionamiento del IFE?

–El problema es que tenemos un secretario ejecutivo que es filósofo y una directora jurídica, especialista en divorcios. Podríamos tener la mejor ley del mundo, pero si no tenemos los funcionarios adecuados, no se avanza.

Crítico recurrente del área ejecutiva, Gómez Alcántar dijo que algunas de las quejas tienen más de cuatro meses sin resolverse. Subrayó que en muchos casos era solamente cuestión de revisar un promocional e iniciar el procedimiento especial sancionador, pero ni así se actuó con rapidez.

Procedimientos sancionadores

Aseguró que el tema debe ser corregido en el IFE, pues recordó que el origen de las reformas para la creación de estos procedimientos especiales sancionadores fueron precisamente los centenares de quejas que quedaron pendientes en 2006. En esa elección presidencial, dadas las características que se dieron, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó los procedimientos expeditos que derivaron en cambios legales.

Sin embargo, destacó que, este año, la posibilidad de instrumentar medidas cautelares permitió evitar en algunos casos el posible efecto negativo de actuaciones presuntamente ilegales.

Tal fue el caso de los anuncios del gobierno federal que hasta en dos ocasiones la Comisión de Quejas del IFE tuvo que ordenar su salida del aire, ante quejas de los partidos por la difusión ilegal de programas federales cuando había procesos electorales en marcha.

No obstante, aseguró que este esquema no es suficiente para asumir las responsabilidades del arbitraje para la autoridad electoral, pues mientras el IFE siga escondiendo la cabeza y sujete el resultado de su gestión a que haya conflicto electoral, continuaran los problemas.

El IFE debe asumir que debe iniciar los procedimientos con elementos indispensables, porque en la legislación son las partes las que deben aportar las pruebas y el IFE iniciar las indagatorias.