El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aclaró ayer que la ineficiencia del Fovissste y su debilidad administrativa provenían de tres décadas atrás y se reflejaban en alrededor de 650 mil problemas, detectados al inicio de la presente administración, en los trámites para el otorgamiento de créditos.

En un comunicado, el organismo omitió señalar a los funcionarios involucrados en la red de corrupción dada a conocer por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ayer en la mañana, ni siquiera porque el secretario Salvador Vega Casillas comentó sobre la existencia de indicios de que las irregularidades comenzaron en 2005, es decir, en la gestión de Benjamín González Roaro, integrante del gobierno panista de Vicente Fox.

El ISSSTE sólo ofreció el dato de que en junio de 2008 se encontró un volumen de operaciones irregulares, las cuales ya eran recurrentes, como la falsificación de talones de pago para obtener un monto de crédito mayor al que recibiría un trabajador por su nivel salarial.

Ahí se localizaron las mil 300 solicitudes, las cuales se congelaron indefinidamente; además se ubicaron otros 4 mil 409 préstamos que ya habían sido pagados y se sometieron a medidas diversas para garantizar su plena recuperación durante la vida de los créditos.

En todos los casos, enfatizó el instituto, la recuperación de los créditos está garantizada con los propios inmuebles financiados, cuyo valor es igual o mayor al monto de lo prestado.

Durante varios años, el ISSSTE fue una posición que el gobierno federal en turno le concedía al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y luego a políticos priístas que ocupaban el puesto por razones diversas, pero ninguna relacionada con alguna intención real de sacar adelante al instituto.

De hecho, aunque en varios sexenios se dio cuenta de la crítica situación financiera y la deficiencia en sus servicios de salud, ninguno de los personajes que ocuparon la dirección general tomó cartas en el asunto. Ni el gobierno foxista lo hizo, aun cuando el entonces titular, Benjamín González Roaro, tenía listo el proyecto para la transformación del instituto. La reforma legal se concretó en el gobierno calderonista con Miguel Ángel Yunes al frente del organismo.

Ayer, el ISSSTE resaltó que ante la enorme problemática acumulada a lo largo de más de tres décadas y que afectaba a un número muy importante de servidores públicos se inició un proceso total de renovación, pues atacar y resolver esa historia negativa era condición indispensable para avanzar en la construcción de una nueva institución, de clase mundial.

También destacó que la actual administración de Fovissste detectó, reveló y denunció las irregularidades que constituían prácticas recurrentes del pasado y empezó a corregirlas, mediante diversas acciones, entre otras, se bloquearon todas las operaciones irregulares para impedir modificaciones de los datos ingresados por los operadores del sistema.

El anterior sistema de originación que funcionaba con los datos capturados de los talones de pago fue sustituido en septiembre de 2008 por otro basado en una comunicación en línea con la Consar para obtener la información laboral que cargan directamente al sistema las dependencias empleadoras.

También desde 2008 el Fovissste modificó el esquema de contratación con las entidades financieras y dio unilateralmente por terminadas sus relaciones con la entidad que originó el mayor número de las operaciones irregulares, aunque no la identificó por su nombre.

Respecto a los funcionarios involucrados en los ilícitos, el instituto sólo mencionó que se están preparando otras acciones judiciales contra quienes originaron indebidamente esos créditos.