Oaxaca, Oax., 4 de agosto. Los 25 diputados electos de los cuatro partidos que ganaron la gubernatura con la coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, acordaron formalmente seguir juntos en la próxima legislatura local para emprender el desmantelamiento de las instituciones priístas.

En conferencia de prensa, Carol Antonio Altamirano, próximo coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que se buscará rescatar el equilibrio de poderes en Oaxaca y acabar con la sumisión del Legislativo al Ejecutivo, así como sentar las bases para el cambio democrático que exigieron los oaxaqueños en la elección del 4 de julio.

Acompañado de Amador Jara, dirigente estatal del sol azteca, Altamirano dijo que el acuerdo con el gobernador electo Gabino Cué Monteagudo fue buscar un acuerdo de gobernabilidad, que pasa necesariamente por un entendimiento con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Iván Mendoza, líder de la fracción panista, y Carlos Moreno, dirigente estatal de Acción Nacional (PAN), consideraron que si se rompe la coalición no podrán hacerse los cambios que ofrecieron a los oaxaqueños.

Ita Ortiz, diputada electa del Partido del Trabajo (PT) y el dirigente estatal, Daniel Juárez; así como Margarita García, legisladora de Convergencia, y Mario Mendoza, líder de ese partido en Oaxaca, coincidieron en que buscan arrebatarle al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la mayoría en la 61 Legislatura.

La llamada Coalición Legislativa por la Transición Democrática estará formada por 25 diputados: 11 del PAN, nueve del PRD, tres de Convergencia y dos del PT, contra 16 del PRI y uno de Unidad Popular, de registro estatal. Los aliados anunciaron que a partir del 13 de noviembre impulsarán una agenda legislativa común.

Por lo pronto, acordaron trabajar en una línea estratégica de 10 puntos, que incluye, entre otras, reformas para la transición democrática, contra la pobreza y la marginación, para lograr justicia y seguridad, y para institucionalizar políticas públicas con enfoque de género y garantizar salud y educación.

Dejarán fuera temas polémicos como el aborto, la eutanasia y las sociedades de convivencia.