urante su participación en la instalación del Consejo de Educación del Gobierno Distrito Federal, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, aseguró que a finales de 2010 el país alcanzará una cobertura en educación superior cercana a 30 por ciento, cifra que, sin embargo, lo coloca a por lo menos cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina. A renglón seguido, el rector puso en relieve la distancia que en esa materia separa al país de otros, como Corea del Sur, Finlandia y Estados Unidos –que cuentan con 95, 94 y 82 por ciento de cobertura en educación universitaria, respectivamente–, y ponderó estas mismas diferencias con respecto de naciones de la región, como Argentina (67 por ciento), Venezuela (52 por ciento), Panamá, Colombia, Perú y Brasil, que están por delante de nosotros.

Semejantes cifras son indicativas de un deterioro y una insuficiencia particularmente grave en los ciclos de educación superior en México, lo que deriva de varios factores. A los efectos de una crisis económica que aún no acaba de disiparse –que este año significó una merma en los presupuestos otorgados a las instituciones de educación universitaria a cargo del Estado– ha de agregarse el rezago provocado en ese rubro por la política económica neoliberal y privatizadora vigente en el país en las décadas recientes. En forma análoga a lo ocurrido en otros ámbitos, dicha política ha relegado a las universidades públicas –en la capital del país, por ejemplo, se ha fundado sólo una en las pasadas cuatro décadas– y ha incentivado la proliferación de planteles de educación privada que carecen, en muchos casos, de calidad académica, y que poco o nada aportan a la investigación, pese a que ésta es uno de los motores del desarrollo y el crecimiento económicos.

Tales consideraciones debieran llevar al gobierno federal a cobrar conciencia de la importancia de las instituciones públicas de enseñanza media superior y superior; pero, a lo que puede verse, las autoridades no acusan recibo de la gravedad de la situación. Ilustrativo de ello es que las mismas cifras mencionadas por Narro sobre la cobertura de la educación universitaria en México fueron empleadas un día antes por el titular de Educación Pública, Alonso Lujambio, como señal de que hemos ampliado durante este sexenio de manera muy significativa la cobertura de los sistemas de educación, tanto superior como media superior. Un menguado orgullo puede representar para la administración calderonista una ampliación a todas luces insuficiente para las necesidades del país.

Por lo demás, la ampliación de las alternativas de educación superior de calidad adquiere, en la circunstancia actual, un valor adicional como mecanismo de contención social. Al respecto, el propio rector de UNAM advirtió anteayer que es riesgoso y delicado que existan 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. En efecto, el establecimiento de nuevas universidades públicas y el mejoramiento de las existentes es pertinente y necesario, no sólo para elevar el nivel educativo general del país, sino también como una medida de elemental justicia y movilidad social, que permita atenuar las escandalosas desigualdades que afectan el territorio nacional, y conjurar posibles escenarios de descontento y descomposición.

En suma, como ocurre en otros ámbitos del quehacer gubernamental, resulta imperativo un viraje de rumbo en la educación superior: los encargados del manejo económico y de la gestión educativa en el país tendrían que acusar recibo de las dimensiones del problema que subyace detrás de los datos proporcionados por Narro; abstenerse, en lo sucesivo, de minimizar o negar la realidad, y reorientar las prioridades presupuestales, con el propósito de destinar los recursos públicos necesarios para fortalecer todos los ciclos de enseñanza a cargo del Estado.