Washington, 4 de agosto. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó hoy su profunda preocupación por el secuestro colectivo de cuatro periodistas en México y advirtió que con este caso los problemas de la libertad de expresión en el país adquieren una dimensión inédita que afecta a toda la nación.

Con este incidente, las amenazas a la libertad de expresión en México alcanzan una dimensión inédita que afecta a todos los habitantes de la nación, alertó el órgano especializado de la CIDH en un comunicado.

La relatoría destacó el hecho de que el secuestro colectivo la semana pasada de los informadores –ya liberados– Alejandro Hernández, Héctor Gordoa, Javier Canales y Oscar Solís “obligó a los medios de comunicación mexicanos a ceder ante la petición de los secuestradores de publicar determinada información.

Para salvar la vida de los comunicadores secuestrados, los medios se vieron obligados a aceptar condicionamientos externos de su contenido editorial y a autocensurarse para evitar cualquier posibilidad de agravar la situación de las víctimas, agregó.

Por ello, una vez más la relatoría, que recordó que en lo que va de año han sido secuestrados al menos nueve periodistas en México en una escalada de violencia que sufren los comunicadores de esa nación, reiteró su llamamiento al Estado para impulsar políticas que mejoren la protección de la prensa y de la libertad de expresión de una manera efectiva, y que desalienten la repetición de estos lamentables hechos.

Entre otros, solicitó de manera urgente a las autoridades mexicanas combatir la impunidad de los crímenes contra los informadores.

Para ello, considera necesario la identificación y procesamiento de los responsables de estos crímenes con el objetivo de evitar más actos violentos dirigidos a acallar, castigar o usar a los comunicadores para difundir mensajes criminales.

Asimismo, calificó de indispensable que México fortalezca la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como que traslade a la jurisdicción federal el trámite de los crímenes contra comunicadores y ponga en práctica medidas que protejan la vida e integridad de periodistas amenazados.