olamente el ciudadano más ingenuo podría creer que los 200 militares que cercaron la casa de Ignacio Coronel en su lujosa residencia de Zapopan, Jalisco, el pasado 29 de julio se vieron obligados a matar al capo debido a que éste se habría resistido al arresto. De acuerdo con todos los informes, el capo estaba acompañado únicamente por su jefe de escoltas y una masajista. ¿Acaso el escolta no se resistió también a su arresto? ¿Realmente no había otra forma para silenciar el arma del delincuente sin causarle la muerte?

Todo parece indicar que el operativo no fue para detener a Nacho Coronel, sino para matarlo. Ninguno de los reportes señala la presencia de agente del Ministerio Público o policía local o federal alguno. Únicamente se habla de los militares quienes cumplieron con su misión: matar al enemigo.

En esta ocasión las autoridades tuvieron un poco más cuidado con el cadáver del capo. No decoraron su cuerpo sangriento con billetes y joyas como en el caso de Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca, en diciembre pasado. Sin embargo, en el fondo el operativo en Zapopan tiene la misma naturaleza que el de Morelos: ambas fueron ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado y motivadas por una sed de venganza.

Desde este punto de vista poco importa si Coronel fue eliminado por órdenes del Chapo Guzmán o por un auténtico deseo de debilitar al cártel de Sinaloa. En cualquier caso, el Estado abdica de su responsabilidad de impartir justicia e investigar delitos para llegar al nivel de la barbarie de los mismos delincuentes y matar a sus adversarios.

Parece que al Presidente de la República simplemente se le ha olvidado que el pasado 18 de junio de 2008 se publicó una reforma constitucional en materia de justicia penal que incluyó una nueva redacción del artículo 22 de la Carta Magna, que prohíbe de manera explícita la pena de muerte, así como una serie de otros castigos inhumanos. “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie […] y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.” Así que aun si las autoridades hubieran detenido a Nacho Coronel y un juez federal lo hubiera encontrado culpable de delitos graves, el Estado de ninguna manera podría haber ordenado su muerte.

Para algunos ciudadanos y políticos esta situación constituye una gran debilidad del Estado y debe ser cambiada. Durante las campañas para renovar la Cámara de Diputados en 2009, el Partido Verde Ecologista, por ejemplo, demandaba la instalación de la pena de muerte para los narcotraficantes y los secuestradores. En la discusión pública sobre estos temas nunca falta alguien que argumente que los delincuentes merecen morir cuando cometen crímenes graves.

Pero una de las características de un Estado moderno y civilizado es que en lugar de llegar al nivel de los delincuentes, se eleva por encima de ellos. En lugar de manejarse de acuerdo con la ley de la venganza y la sangre, impone la fuerza del estado de derecho. En este ámbito, por ejemplo, México una vez más se encuentra mucho más adelantado que el sistema jurídico de Estados Unidos, donde el asesinato autorizado de los delincuentes es una práctica común.

Por si fuera poco, la pena de muerte simplemente no funciona como mecanismo para reducir la criminalidad. Todos los estudios internacionales sobre el tema demuestran que a los delincuentes simplemente no les importa si morirán o si terminarán en la cárcel por su crimen. En todo caso, lo que realmente importa no es el tipo de pena, sino la efectividad de las instituciones de justicia para detener y enjuiciar a los culpables.

Incluso, para ciertos delincuentes, la muerte sería deseable a años encerrados en una cárcel. Ya lo decía el colega y amigo de Nacho Coronel, Ismael El Mayo Zambada, quien en entrevista con la revista Proceso hace unos meses declaraba que estaba literalmente aterrado de ser encarcelado y que al encontrarse a punto de ser capturado se suicidaría: me gustaría pensar que sí, que me mataría.

Desde este punto de vista, los militares le hicieron el favor a Nacho Coronel al matarlo en lugar de detenerlo. Aunque también queda la duda de si, en realidad, el capo haya cumplido con el deseo expresado por El Mayo y más bien quitado su propia vida al percatarse del operativo militar. En ese caso la supuesta eliminación del capo por las fuerzas del orden sería un simple teatro.

Tal y como ha expresado el maestro Sergio García Ramírez, ex magistrado presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al hablar sobre la pena de muerte: La muerte no muere de una vez, con un solo golpe; es preciso acosarla con perseverancia. El fallecimiento de Nacho Coronel no fue una victoria en una supuesta guerra contra el narcotráfico, sino un ejemplo más del triunfo de la muerte por encima de la vida en el marco de la fracasada lucha por la seguridad pública de Felipe Calderón.

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